El año de 2022 representó el final de un ciclo de gobierno marcado por violaciones y por el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Así como en los tres años anteriores, los conflictos y el número elevado de invasiones y de impactos en los territorios indígenas avanzaron al lado del desmonte de las políticas públicas direccionadas a los pueblos originarios, como la asistencia en salud y educación, y con el desmantelamiento de los órganos responsables por la fiscalización y por la protección de estos territorios. Esta es la realidad retratada en el informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil – datos de 2022, publicación anual del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

Este escenario desolador quedó evidenciado por hechos que causaron gran conmoción y que tuvieron amplia repercusión nacional e internacional, como los asesinatos del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips en Junio de 2022 en la región de la Tierra Indígena (TI) Vale do Javari, en Amazonas, cometidos por personas vinculadas a la red criminosa que articula las invasiones al territorio; o los ataques e incursiones de mineros ilegales dentro del territorio Yanomami, que, con la connivencia del Estado, causaron daños ambientales enormes y una crisis sanitaria sin precedentes.

El brutal contexto, denunciado por medio de relatos e imágenes impactantes divulgadas a lo largo del año, se revela en las informaciones reunidas en este informe y en los alarmantes datos referentes a la falta de atención sanitaria, a la mortalidad en la infancia, a los asesinatos y a las violencias contra el patrimonio indígena. En todas estas categorías, Roraima y Amazonas, donde se localiza la TI Yanomami, estuvieron entre los estados con mayor número de registros.

El año 2022 también finalizó un ciclo de cuatro años en el que el gobierno federal no regularizó ninguna tierra indígena. Con Bolsonaro, el gobierno no solamente ignoró su obligación constitucional de demarcar y proteger las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios sino que también actuó, de forma concreta, para flexibilizar este derecho a través de Proyectos de Ley (PLs) y de medidas administrativas orientadas a facilitar la explotación de tierras indígenas.

La intensidad y la gravedad de esos casos deben ser analizadas dentro del contexto de abandono de la política indigenista y de los órganos de protección ambiental a la que el Estado fue sometido durante los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro

Aparte de los discursos del propio presidente de la República, esta posición también se mostró evidente en la actitud reiterada de órganos como la Advocacia-General de la Unión (AGU) y la propia Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). La actuación de estos órganos en procesos judiciales y administrativos casi siempre manifestó una posición contraria a los derechos de los pueblos originarios y favorable, especialmente, a los intereses económicos del agro-negocio y de la minería.

En 2022, las consecuencias de esta realidad se concretizaron en el elevado número de casos registrados en las categorías conflictos por derechos territoriales, con 158 registros, e invasiones de tierras, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio, con 309 casos que afectaron al menos a 218 tierras indígenas en 25 estados del país.

En muchos estados, como Mato Grosso do Sul, Maranhão y Bahia, los conflictos y la falta absoluta de protección a los pueblos indígenas favorecieron el asesinatos de indígenas, incluso con participación de fuerzas y agentes policiales que actuaron como “seguridad privada” de propietarios particulares. En la TI Comexatibá, en la región del extremo sur de Bahía, Gustavo Silva da Conceição, joven Pataxó de apenas 14 años, fue brutalmente asesinado durante uno de los varios ataques a tiros realizados por grupos que los indígenas definen como “milicianos”.

En Mato Grosso do Sul, el asesinato de Alex Recarte Lopes, joven Guarani Kaiowá de 18 años, en la Reserva Indígena Taquaperi, en el municipio de Coronel Sapucaia, desencadenó una serie de retomadas de tierras por los indígenas, que fueron duramente atacadas por particulares y por acciones policiales realizadas sin mandato judicial.

Una de esas operaciones, en la Tekoha Guapoy, en Amambai (MS), resultó en el asesinato de Vítor Fernandes, indígena Guarani Kaiowá de 42 años, y dejó varias personas heridas. Considerando la brutalidad del ataque, los Kaiowá y Guarani pasaron a referirse a estos hechos como “masacre de Guapoy”.

La intensidad y la gravedad de esos casos deben ser analizadas dentro del contexto de abandono de la política indigenista y de los órganos de protección ambiental a la que el Estado fue sometido durante los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro. Por este motivo, este informe presenta también un balance de las violencias registradas a lo largo de este periodo y una actualización de datos que ayudan a iluminar esta realidad.

En este sentido, el informe con datos de 2022 sistematizó informaciones actualizadas sobre asesinatos, suicidios y sobre mortalidad infantil relativos a esos cuatro años. Las informaciones fueron obtenidas de fuentes públicas como la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), el Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) y Secretarías estaduales de Salud.

La posición intencionalmente omisa del gobierno Bolsonaro con relación a la demarcación de tierras indígenas contribuyó con la intensificación de los conflictos, con situaciones de amenazas, ataques armados y asesinatos de líderes indígenas

Devastação causada pelo garimpo na TI Yanomami. Registro feito em dezembro de 2022, durante sobrevoo realizado pelo Greenpeace. Foto: Valentina Ricardo

Violencia contra el patrimonio

Las “Violencias contra el Patrimonio” de los pueblos indígenas, presentadas en el primer capítulo del informe, se dividen en tres categorías: omisión y demora en la regularización de las tierras, donde fueron registrados 867 casos; conflictos relativos a derechos territoriales, con 158 registros; e invasiones de tierras, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio, categoría que tuvo aumento de número de casos por séptimo año consecutivo, con 309 registros.

En suma, estos registros totalizan 1.334 casos de violencia contra el patrimonio de los pueblos indígenas en 2022. Entre los principales tipos de daños al patrimonio indígena registrados ese año destacan los casos de extracción ilegal de recursos naturales como madera, minería, caza y pesca ilegales o invasiones y desapropiación de los territorios.

Por otro lado, la mayoría de las 1.391 tierras y demandas territoriales indígenas existentes en Brasil (62%) presenta alguna pendencia administrativa para su regularización, como apunta el levantamiento del Cimi, actualizado anualmente. Entre las 867 tierras indígenas con algún tipo de trámite pendiente, por lo menos 588 no tuvieron hasta el momento ninguna providencia por parte del Estado para su demarcación y aún aguardan la constitución de Grupos Técnicos (GTs) por la Funai, órgano responsable de los procedimientos de identificación y delimitación de esas áreas.

Los pocos GTs creados o reabiertos en 2022 solo fueron constituidos después de decisiones judiciales que respondieron a acciones presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF) – y de todas formas en ninguno de ellos los trabajos fueron concluidos.

La posición intencionalmente omisa del gobierno Bolsonaro con relación a la demarcación de tierras indígenas contribuyó con la intensificación de los conflictos por derechos territoriales, en muchos casos con situaciones de amenazas, ataques armados y asesinatos de líderes indígenas.

Enterro do Guarani Kaiowá Vitor Fernandes, morto no “massacre do Guapoy”. Foto: povo Guarani e Kaiowá

Violencia contra la persona

El segundo capítulo del informe reúne los casos de “Violencia contra la Persona”. En este apartado, fueron registrados los siguientes casos: abuso de poder (29); amenaza de muerte (27); amenazas diversas (60); asesinatos (180); homicidio por imprudencia (17); lesiones corporales dolosas (17); racismo y discriminación étnico-cultural (38); intento de asesinato (28); y violencia sexual (20).

Los registros llegan a 416 casos de violencia contra personas indígenas en 2022. Considerados en su conjunto, en los cuatro años de gobierno Bolsonaro hubo una media de 373,8 casos de Violencia contra la Persona por año; en los cuatro años anteriores, en los gobiernos de Michel Temer y Dilma Rousseff, la media fue de 242,5 casos por año.

En 2022, así como en los tres años anteriores, los estados que registraron el mayor número de asesinatos de indígenas fueron Roraima (41), Mato Grosso (38) y Amazonas (30), según informaciones de la Secretaría Especial de Salud Indígena/SESAI, del Sistema de Información de la Mortalidad/SIM y de las secretarias estaduales de salud. En esos tres estados se concentraron casi dos tercios (65%) de los 795 homicidios de indígenas registrados entre 2019 a 2022: fueron 208 en Roraima, 163 en Amazonas y 146 en Mato Grosso do Sul.

Entre esos casos, destacan los asesinatos de líderes Guarani y Kaiowá como Marcio Moreira y Vitorino Sanches, semanas después del caso conocido como “masacre Guapoy”, que victimó el Kaiowá Vitor Fernandes; y el asesinato de tres indígenas Guajajara de la TI Arariboia – Janildo Oliveira, Jael Carlos Miranda y Carlos Cafeteiro – asesinados en un espacio de tiempo de dos semanas durante el mes de Septiembre de 2022.

También destaca la escalada de casos de amenazas e intentos de asesinato contra indígenas, practicados, en general, por terratenientes, mineros ilegales, madereros, pescadores y cazadores.

El número elevado de casos de abuso de poder también fue una constante durante los cuatro años de gobierno Bolsonaro: fueron 89 casos en total, una media de 22,2 casos por ano – más del doble que la de los cuatro años anteriores, en los gobiernos de Dilma y Temer, cuando fueron registrados, de media, 8,7 casos por año. Estas categorías reflejan el ambiente de degradación institucional y de desmonte de los mecanismos de protección a los pueblos originarios durante el periodo.

El hecho de que parte de la estructura de atención sanitaria en la TI fue ocupada por mineros ilegales, en regiones aisladas y de difícil acceso, indica que la realidad ciertamente es aún más grave de lo que los datos oficiales reconocen

Acampamento Terra Livre 2022. Foto: Hellen Loures/Cimi

Violencia por Omisión del Poder Público

Los casos de “Violencia por Omisión del Poder Público” se encuentran en el tercer capítulo del informe, organizado en siete categorías.

Con base en la Ley de Acceso a la Información (LAI), el Cimi obtuvo de Sesai informaciones parciales sobre las muertes de niños indígenas de 0 a 4 años de edad. Los datos ofrecidos por la Secretaría constatan la muerte de 835 niños indígenas en este grupo de edad en 2022. La mayoría de las muertes fue registrada en Amazonas (233), en Roraima (128) y en Mato Grosso (133).

En todo Brasil, la Sesai informa un total de 3.552 óbitos en ese grupo de edad entre 2019 y 2022. Considerando el periodo de cuatro años, esos tres estados concentraron la mayoría de los óbitos: fueron, en total, 1.014 muertes de niños menores de cinco años en Amazonas, 607 en Roraima, y 487 en Mato Grosso, según datos actualizados obtenidos de Sesai.

El DSEI Yanomami e Ye´kwana (DSEI-YY), que atiende la TI Yanomami y se extiende entre los estados de Roraima y Amazonas, registró 621 muertes de niños de 0 a 4 años entre 2019 y 2022, representando el 17,5% de muertes de niños indígenas de este grupo de edad. Segundo el DSEI-YY, la población en la TI Yanomami es aproximadamente de 30,5 mil personas – correspondiente a apenas 4% del total de indígenas atendidos por la Sesai, como indican las informaciones públicas de la Secretaría. El hecho de que parte de la estructura de atención sanitaria en la TI fue ocupada por mineros ilegales, en regiones aisladas y de difícil acceso, indica que la realidad ciertamente es aún más grave de lo que los datos oficiales reconocen.

Informaciones de fuentes públicas, obtenidas junto al SIM e las secretarias estaduales de salid, indicaron la incidencia de 115 suicidios de indígenas en 2022, acontecidos mayoritariamente en los estados de Amazonas (44), Mato Grosso do Sul (28) y Roraima (15). Más de un tercio de las muertes por suicidio (39, equivale a 35%) ocurrió entre indígenas menores de 19 años de edad.

Entre 2019 y 2022, informaciones actualizadas en estas mismas fuentes totalizaron 535 muertes de indígenas por suicidio. En este mismo periodo los mismos estados registraron el mayor número de casos: Amazonas (208), Mato Grosso (131) y Roraima (57) concentraron, juntos, 74% de los suicidios indígenas de estos cuatro años.

Todavía en este capítulo, se registraron los siguientes datos referentes al año de 2022: desasistencia general (72 casos); desasistencia en el área de educación (39); desasistencia en el área de salud (87); diseminación de bebida alcohólica y otras drogas (5); y muerte por desasistencia a la salud (40), totalizando 243 casos.

De los 117 grupos de indígenas en aislamiento voluntario registrados por el Cimi, 86 no son reconocidos por la Funai

Manifestação de indígenas da TI Vale do Javari em Atalaia do Norte (AM), em junho, cobrando proteção contra as invasões ao território que possui a maior concentração de povos isolados do mundo. Foto: Antonio Scarpinetti/SEC/Unicamp

Pueblos aislados

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario están entre los grupos más afectados por la política deliberada de omisión y desprotección adoptada por el gobierno Bolsonaro, que asumió contornos aún más graves y evidentes en el año de 2022. Esta situación es abordada en el cuarto capítulo del informe.

En este año fueron constatados casos de invasiones y daños al patrimonio en por lo menos 36 TIs donde existen 60 registros de pueblos indígenas aislados, de acuerdo con los datos recogidos por el Equipo de Apoyo a los Pueblos Libres (Eapil) del Cimi.

La realidad se ve agravada por el hecho de que, de los 117 grupos de indígenas en aislamiento voluntario registrados por el Cimi, 86 no son reconocidos por la Funai. Eso significa que esos pueblos son invisibles para el Estado, así como las posibles situaciones de violencia a que están expuestos, incluso con el riesgo de que sean víctimas de genocidio.

Incluso en aquellos casos reconocidos por la Funai, muchos pueblos aislados pasaron el año 2022 totalmente desprotegidos. Fue el caso de los aislados del Mamoriá Grande – cuya presencia en el municipio de Lábrea (AM) fue confirmada por la Funai, que sin embargo no adoptó ninguna medida de protección – y los aislados da TI Jacareúba/Katawixi, también del Amazonas, que pasó el año entero de 2022 sin ninguna protección debido a la decisión de la Funai, bajo la presidencia de Marcelo Xavier, de no renovar el Decreto de Restricción de Uso.

Estos Decretos tienen como principal objetivo la protección de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario que aún no tuvieron sus procesos de demarcación finalizados, para evitar que sean invadidos. El gobierno Bolsonaro mantuvo, en 2022, la política de no renovar estos decretos, o de renovarlos por periodos cortos de apenas seis meses. Esta práctica acabó pasando el mensaje a los invasores y los ocupantes de tierras públicas de que estos territorios estarían disponibles, en breve, para la explotación y apropiación privada. Las invasiones a las TIs Piripikura, en Mato Grosso, e Ituna/Itatá, en pará, son ejemplos de este contexto.

Esta política fue acompañada por el debilitamiento continuo de las Bases de Protección Etnoambiental de la Funai (BAPEs), responsables por la fiscalización de las tierras habitadas por pueblos aislados, dejadas sin la capacidad operacional mínima para desempeñar su papel, como quedó evidente en el caso de las TIs del Vale do Javari y Yanomami.

Manifestação em frente ao Ministério da Justiça, em setembro de 2022, cobrando justiça após uma série de assassinatos de indígenas naquele mês. Foto: Tiago Miotto/Cimi

Memoria

El quinto capítulo del informe, dedicado a la reflexión sobre el tema de la Memoria y Justicia, trae una de las últimas contribuciones del investigador Marcelo Zelic (1963-2023), fallecido este año de 2023. Zelic dedicó su vida a la preservación de la memoria, a través del trabajo de  documentación, y a la lucha por la creación de mecanismos de no repetición de las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas.

En los últimos años, Zelic luchó por la creación de la Comisión Nacional Indígena de la Verdad (CNIV) para la apuración y reparación de estas violaciones. En su texto inédito, que el Cimi publica como forma de homenaje, Zelic defiende la propuesta y delinea sus ideas acerca de las atribuciones, del funcionamiento y de la organización de la Comisión.

Artículos

La presente edición del informe también trae artículos que buscan profundizar la reflexión acerca de algunos de los temas abordados en la publicación. Uno de los artículos propone un análisis de la grave situación en el territorio Yanomami bajo la óptica de genocidio, trazando un histórico de las recientes omisiones del Estado en relación a las invasiones de mineros ilegales y estableciendo relación entre las graves violaciones a las que este pueblo fue sometido en el presente y la masacre de Haximú, que ocurrió en 1993, primer caso juzgado como crimen de genocidio en Brasil.

Otros dos textos abordan la situación de los indígenas encarcelados en Brasil y la negación de sus derechos por el Poder Judicial y el desmonte de la política indigenista del gobierno Bolsonaro analizada bajo la perspectiva de la ejecución presupuestaria.