El Informe sobre Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil – con datos de 2020, publicado anualmente por el Consejo Indigenista Misionero/CIMI, refleja la imagen de un año trágico para los pueblos originarios del país. La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus no impidió, al contrario de lo que se podría esperar, que grileiros[1], mineros, madereros y otros invasores ampliasen todavía más sus ofensivas contra las tierras indígenas.

El segundo año del Gobierno de Jair Bolsonaro representó, para los pueblos originarios, la continuidad y profundización de una situación extremamente preocupante con relación a sus derechos, sus territorios y sus vidas, particularmente afectadas por la pandemia de Covid-19 y por la omisión del gobierno federal en establecer un plan coordinado de protección a las comunidades indígenas.

El año de 2020 estuvo marcado por el alto número de muertes ocurridas por causa de la mala gestión en el enfrentamiento a la pandemia en Brasil, guiada por la desinformación y por la negligencia del gobierno federal. Esta realidad, lamentable para la sociedad brasileña en su conjunto, representó una verdadera tragedia para los pueblos indígenas.

En muchas ocasiones, el virus, que llegó a las aldeas y provocó muertes, fue introducido en los territorios indígenas por invasores que continuaron actuando ilegalmente en estas áreas durante la pandemia delante de la ausencia de acciones de fiscalización y protección por parte del gobierno, a las cuales está obligado por la Constitución Federal.

El Informe identificó que en 2020 los casos de “invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio” aumentaron con relación al ya alarmante número registrado en el primer año del gobierno Bolsonaro. Fueron 263 casos – un aumento con relación a 2019, que registró 256 casos, y un crecimiento del 137% con relación a 2018, año en que fueron identificados 111 casos. Este ha sido el quinto año consecutivo en que se registra aumento en los casos de invasión en tierras indígenas.

Las invasiones y los casos de explotación ilegal de recursos naturales y de daños al patrimonio registrados en 2020 reproducen el mismo padrón ya identificado el año anterior. Los invasores son, en general, madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales, terratenientes o grileiros que invaden las tierras indígenas para apropiarse ilícitamente de la madera o devastar ríos enteros en busca de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar extensas áreas de tierra para convertirlas en pasto. En muchas ocasiones, los invasores dividen la tierra en “lotes” que posteriormente son comercializados ilegalmente, incluso dentro de tierras indígenas habitadas por pueblos aislados.

Estos grupos e individuos actúan sabiendo de la aprobación – muchas veces explícita – del gobierno, cuya actuación en el área ambiental fue resumida por la célebre frase del ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles: era necesario aprovechar la pandemia para “pasar el rebaño” de la desregulación.

El caso de los pueblos Yanomami, Ye’kwana y Munduruku es un claro ejemplo de la estrecha relación entre la acción de los invasores, la omisión del Estado y el agravamiento de la crisis sanitaria. En la TI Yanomami, donde se calcula la presencia ilegal de cerca de 20.000 mineros, los invasores destruyen el territorio, provocan conflictos, practican violencia contra los indígenas y, además, actúan como vectores del coronavirus en un territorio donde también se registra la presencia de indígenas en aislamiento voluntario.

En muchas aldeas, la pandemia acabó con la vida de ancianas y ancianos que eran verdaderos guardianes de la cultura, de la historia y de los conocimientos de sus pueblos, representando una pérdida cultural incalculable, no solo para los pueblos indígenas directamente afectados, sino para toda la Humanidad. Según datos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil/APIB, en 2020 más de 43.000 indígenas fueron contaminados por el Covid-19 y, por lo menos, 900 murieron por complicaciones de la enfermedad.

Las violencias practicadas contra los pueblos indígenas y sus territorios vienen al encuentro del discurso y de las prácticas de un gobierno que tiene como proyecto la apertura de las tierras indígenas a la explotación y depredación, trabajando para colocar esas áreas a disposición de los intereses particulares y favoreciendo los objetivos de grandes empresas de agroindustria, de la minería y de otros grandes grupos económicos.

Esta opción política del gobierno federal quedó explícita en innúmeros discursos del propio Presidente de la República, así como en medidas normativas como el Proyecto de Ley (PL) 191/2020, presentado por el gobierno al Congreso Nacional en febrero de 2020, o la Instrucción Normativa (IN) nº 09, publicada por la Fundación Nacional del Indio/FUNAI en abril de 2020.

Mientras que el PL 191/2020 pretende regularizar la apertura de las tierras indígenas para la minería, la explotación de gas y de petróleo o la construcción de hidroeléctricas, entre otras actividades predatorias, la IN 09/2020 permitió la certificación de propiedades privadas sobre tierras indígenas no regularizadas – lo que incluye tierras en fase avanzada de demarcación y áreas de restricción de uso por la presencia de pueblos aislados.

Estas medidas también tuvieron influencia directa en el aumento de los casos de “conflictos relacionados con derechos territoriales” que se multiplicaron con relación al año anterior. En 2020 fueron registrados 96 casos, un 174% más que los 35 casos identificados en 2019.

También debemos destacar el aumento considerable de asesinatos de indígenas en Brasil. En 2020, 182 indígenas fueron asesinados – un número 61% mayor que el registrado en 2019, año en que fueron contabilizados 113 asesinatos.

Una síntesis de esta situación desoladora es el hecho de que, aunque no todos los tipos de violencia hayan presentado aumento con relación a 2019, el valor general de las categorías “violencia contra la persona” y “violencia contra el patrimonio indígena” en 2020 fue el mayor de los últimos cinco años. En ese mismo período, los casos de “violencia por omisión del poder público” solamente fueron menores que en 2019, primer año del gobierno Bolsonaro.

La paralización de la regularización de tierras indígenas, anunciada por el presidente de la República durante su campaña electoral, continúa siendo una directriz de su gobierno

Foto: Chico Batata/Greenpeace Brasil

Violencia contra el patrimonio

En relación a los tres tipos de “violencia contra el patrimonio” que forman el primer capítulo del Informe, fueron recogidos los siguientes datos: omisión y demora en la regularización de las tierras (832 casos); conflictos relacionados a derechos territoriales (96 casos); e invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio (263 casos registrados). Los datos alcanzan, de esta manera, un total de 1.191 casos de violencia contra el patrimonio de los pueblos indígenas en 2020.

La paralización de la regularización de tierras indígenas, anunciada por el presidente de la República durante su campaña electoral, continúa siendo una directriz de su gobierno. De las 1.299 tierras indígenas en Brasil, 832 (64%) aún siguen con procedimientos administrativos pendientes para su regularización. De estas, 536 son áreas reivindicadas por los pueblos indígenas sobre las cuales el Estado ni siquiera ha dado inicio al proceso administrativo de identificación y delimitación.

Foto: Inácio Werner/CEDH-MT

Violencia contra la persona

En 2020, los datos sobre “Violencia contra la Persona”, reunidos en el segundo capítulo del Informe, son los siguientes: abuso de poder (14); amenaza de muerte (17); diversas amenazas (34); asesinatos (182); homicidio involuntario (16); lesiones corporales (8); racismo y discriminación étnico cultural (15); intento de asesinato (13); y violencia sexual (5). Los registros llegan a un total de 304 casos de violencia practicada contra la persona indígena en 2020. Este número es mayor que el registrado en 2019, cuando se identificaron 277 casos.

Los estados con mayor número de asesinatos de indígenas en 2020, según los datos obtenidos junto a la Secretaria Especial de Salud Indígena (Sesai) y a Secretarias Estaduales de Salud, fueron Roraima (66), Amazonas (41) y Mato Grosso do Sul (34). Infelizmente, los datos ofrecidos por la Sesai y por los estados no presentan informaciones detalladas sobre las víctimas o sobre las circunstancias de estos asesinatos, lo que impide análisis más profundos.

Destacan, en este contexto, dos casos que incluyeron acciones desastrosas de la Policía Militar. En el estado de Amazonas, el caso que quedó conocido como “masacre del rio Abacaxis” tuvo origen en un conflicto causado por turistas que ingresaron ilegalmente en el territorio de indígenas y comunidades ribereñas, en la región de los ríos Abacaxis y Marimari, para practicar pesca deportiva. Una operación de la Policía Militar en el local resultó en la muerte de dos indígenas del pueblo Munduruku y de, por lo menos, cuatro ribereños, además de dos desaparecidos y de diversos relatos de violaciones de derechos humanos practicadas por los policías. Por otro lado, en Mato Grosso, cuatro indígenas del pueblo Chiquitano que estaban cazando en un área próxima a su aldea fueron muertos por policías del Grupo Especial de Frontera (GeFron).

Cabe destacar que muchos de los casos de abuso de poder, amenazas y racismo y discriminación étnico-cultural tuvieron lugar cuando los indígenas buscaban asistencia en medio de la pandemia. Además de las muertes y del hambre, que afectó a muchas comunidades en situación de vulnerabilidad extrema, los prejuicios y el racismo fueron agravantes del sufrimiento experimentado por los pueblos indígenas durante la crisis sanitaria.

Foto: Edgar Kanaykõ Xakriabá

Violencia por omisión del Poder Público

Aunque no haya habido un aumento con relación a 2019, los casos de “violencia por omisión del poder público’ en 2020 se mantuvieron, junto al año anterior, en un nivel elevado con relación a lo registrado en los años anteriores al inicio del gobierno Bolsonaro.

Con base en la Ley de Acceso a la Información (LAI), el CIMI también obtuvo de la Sesai datos parciales relacionados con suicidio y mortalidad infantil entre los pueblos indígenas. En 2020, se registraron 110 suicidios de indígenas en todo el país. Los estados de Amazonas (42) y Mato Grosso do Sul (28) registraron los mayores números. No hubo aumento de casos en relación a 2019, cuando los datos de la Sesai informaban de 133 suicidios.

Según datos de la Sesai, fueron registradas 776 muertes de niños indígenas de 0 a 5 años en 2020. También en este caso los estados con mayor número de registros fueron los mismos que en el año anterior: Amazonas (250 casos), Roraima (162) y Mato Grosso (87). A pesar de que, como en el caso de los suicidios, no se verificó aumento en el número de casos en relación a 2019, la Secretaria destaca que los datos son preliminares y están sujetos a alteración.

Aún en esta categoría, se registraron las siguientes informaciones: inasistencia general (51); inasistencia en el campo de la educación escolar indígena (23); inasistencia en el área de salud (82); diseminación de la bebida alcohólica y otras drogas (11); y muerte por inasistencia a salud (10), totalizando 177 casos.

También en este capítulo, gran parte de los casos relatados tiene una relación directa con el contexto de la pandemia y la falta de asistencia del poder público, especialmente en el campo de la salud. La falta de apoyo para la instalación de barreras sanitarias en las tierras indígenas, la interrupción u omisión en la garantía de cestas básicas de alimentación y de materiales de higiene, necesarios para garantizar condiciones básicas de protección y prevención contra la covid-19, fueron algunos de los casos registrados reiteradamente en este capítulo.

Texto traducido del original por Luis Ventura Fernández

[1] Grileiro es una persona o grupo de personas que se apropia ilícitamente de tierras públicas o de propiedad de otros reivindicando posteriormente su titularidad a través de documentos fraudulentos. (Nota de traductor)