• 25/01/2012

    Solidariedade aos Mapuche do Chile

    Dom Pedro Casaldáliga

    Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil

     

    Chegam diariamente do território Mapuche, no Chile, denúncias de abusos que abalam as consciências de nosso país e do mundo. A militarização de La Araucanía deixou um rastro de repressão policial, ataques brutais e castigos humilhantes para as mulheres, homens, idosos e crianças.

     

    Desde el territorio mapuche llegan cada día informaciones que hablan de atropellos que remecen conciencias en nuestro país y en el mundo. La militarización de La Araucanía ha dejado una estela de represión policial, brutales allanamientos y castigos humillantes a mujeres, hombres, ancianos y niños.

     

    O governo do empresário Sebastián Piñera e, especialmente, seu ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, revelam um racismo intolerável nos marcos de uma democracia respeitosa aos direitos humanos. Usando os incêndios florestais como desculpa, o governo se apressou a acusar sem provas organizações Mapuche de serem responsáveis por tais incidentes. Trata-se de uma manobra projetada para abusar da Lei Antiterrorista, legado vergonhoso deixado pela ditadura militar com a qual o Estado se lança contra homens e mulheres em luta por suas terras e dignidade.

     

    El gobierno del empresario Sebastián Piñera y en especial su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, revelan un racismo intolerable en el marco de una democracia respetuosa de los derechos humanos. Usando los incendios forestales como excusa, el gobierno se ha precipitado a acusar sin prueba alguna a las organizaciones mapuches de ser responsables de esos siniestros. Se trata de una maniobra destinada a abusar de la Ley Antiterrorista, vergonzoso legado dictatorial con que el Estado se ensaña con hombres y mujeres que luchan por su tierra y su dignidad.

     

    Solidarizamos-nos com os irmãos Mapuche, vítimas da repressão, perseguição e racismo do Estado chileno. Nós estendemos nosso amor a cada um dos presos Mapuche perseguidos por sua luta corajosa e justa.

     

    Solidarizamos con los hermanos mapuches que vuelven a ser víctimas de la represión, la persecución y el racismo del Estado chileno. Hacemos llegar nuestro afecto a cada uno de los presos mapuches perseguidos por su valerosa y justa lucha.

     

    Solicitamos ao governo a retirada das tropas da polícia que ocupam a região e levam dor e mais sofrimento ao povo Mapuche, vítima da pobreza e da discriminação.

     

    Exhortamos al gobierno a retirar las tropas de Carabineros que ocupan la región y que han llevado dolor y mayores sufrimientos al pueblo mapuche, víctima de la pobreza y la discriminación.

     

    Denunciamos a política racista e genocida do Estado chileno, cujo comportamento é ditado por seu compromisso com as empresas florestais, que usurpam grandes extensões de terras ancestrais.

     

    Denunciamos la política racista y genocida del Estado, cuyo comportamiento es dictado por su compromiso con las empresas forestales que han usurpado grandes extensiones de tierras ancestrales.

     

    Convidamos a todos que enviem mensagens de adesão aos líderes Mapuche, encarcerados em Cárcel de Angol, expressando solidariedade visitando-os na prisão.

     

    Invitamos a enviar mensajes de adhesión a los dirigentes mapuches recluidos en la cárcel de Angol y a expresarles su solidaridad visitándolos en prisión.

     

    Somamos nossas vozes e nossa solidariedade ao clmaor do povo Mapuche e de todas as pessoas e entidades que se unem a esse grito. Basta de genocídio amparado por calúnias rasteiras e interesses neoliberais. A luta do povo Mapuche é parte da grande luta de todos os povos da nossa América. São 500 anos de resistência, mais consciente, mais organizada e mais invencível.

     

    Unimos nuestra voz y nuestra solidaridad al clamor del pueblo mapuche y de todas las personas y entidades que se unen a ese clamor. Basta de genocidio amparado por calumnias rastreras y por intereses neoliberales. La lucha del pueblo mapuche es parte de la gran lucha de todos los pueblos originarios de Nuestra América. Son 500 años de resistencia, hoy más consciente, más organizada, más invencible.

     

    Assinam esta mensagem:

     

    Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil.

    Alfonso Baeza Donoso, sacerdote católico.

    Armando Uribe Arce, poeta, Premio Nacional de Literatura 2004.

    James Petras, sociólogo, EE.UU.

    Alvaro Ramis, teólogo, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

    Juan Pablo Cárdenas, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2005.

    Darío Vásquez Salazar, secretario general del Colegio de Profesores de Chile A.G.

    Cindy Orellana Donoso.

    Danilo Quijano.

    Miguel Caro R., profesor.

    Guillermo Riedemann, poeta.

    Jorge Bustos, presidente de la Confederación de Gente de Mar (Congemar).

    Jorge Rozas Ramírez, ex presidente Agrupación Cultural Universitaria.

    Natividad Llanquileo.

    Manuel Hidalgo Valdivia, economista.

    Patricia Troncoso Robles, ex-prisionera política.

    Sergio Grez Toso, historiador, académico.

    Patricio Véjar, coordinador Comunidad Ecuménica Martin Luther King.

    Guillermo Orrego Valdebenito, presidente Corporación Memoria Prisioneros Políticos Campo de Concentración Chacabuco.

    Patricio Rivera Moya, periodista.

    Walter Garib, escritor.

    Lenka Chelén Franulic, pintora.

    Juan Jorge Faundes Merino, periodista y escritor.

    Tito Tricot, sociólogo, director Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (CEALC).

    Alejandro Toro, movimiento Generación 80.

    Leopoldo Pulgar Ibarra, periodista.

    José Palomo, dibujante, México.

    Luisa Castro Nilo, académica Universidad Arcis.

    Robert Austin, University of Queensland, Australia.

    Hernán Rojas, Red de Apoyo de los Pueblos Indígenas- Noruega y Centro Cultural Newen.

    Mauricio Feller, periodista, poeta.

    Ricardo Klapp Santa Cruz, Socialismo Allendista.

    Corriente Sindical Proletaria.

    Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

    Colectivo de Trabajadores del Arte y Cultura “Todos Trabajando”.

    Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) PC (AP).

    Comité Chileno de Solidaridad con Palestina.

    Eduardo Artés.

    Pilar Tordera, España.

    Werner Simon, ex preso político.

    Iván Vitta Altamirano, miembro del movimiento G-80.

    Paula Montenegro Dihmes, profesora de historia y Plataforma Nexos.

    Paulina Acevedo Menanteau, periodista.

    Dr. Julio C. Pino, profesor, Kent State University, EE.UU.

    Jacques Boivin, Québec, Canadá.

    Viviana Ramírez, profesora Beerwah State High School, Australia.

    Dr. Haroldo Dilla Alfonso, coordinador Grupo Ciudades y Fronteras Santo Domingo, República Dominicana.

    Jorge Montealegre Iturra, escritor.

    Arnaldo Pérez Guerra, periodista.

    Claudia Drago Camus, profesora.

    Patricio Orellana Vargas, profesor.

    Boris Enrique Sáez, Confederación de Trabajadores de la Educación- Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE).

    Héctor R. Oyarzún G., Bélgica.

    Domingo Chávez, ex cónsul de Chile, Edmonton, Canadá.

    Mónica Días Martins, profesora de la Universidad Estadual do Ceará, Brasil.

    David Barkin, profesor de economía, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

    Jorge Luis Núñez Alvarado, periodista.

    Bartolomé Leal, escritor.

    Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Valparaíso.

    Bernardo González Koppmann, poeta.

    Ernesto Guajardo Oyarzo, escritor y editor.

    Salvador Misleh Cardoch.

    Claudio Andrés Maldonado Maldonado, Temuco.

    Julio José Leite, poeta, Argentina.

    Pedro Pablo Achondo Moya.

    Viviana Bravo Vargas, doctora en estudios latinoamericanos, UNAM, México.

    Edmundo Moure Rojas, poeta.

    Nora Corvalán, docente, Lago Puelo, Argentina.

    Carlos Alvarez, Argentina.

    Juan Alvarez, Argentina.

    María Teresa Fulgi, Argentina.

    Víctor Pueyes Zúñiga, poeta.

    Jorge Carrasco, profesor, escritor, Villa Regina, Argentina.

    Lila Díaz Calderón, poeta.

    Valentina Leal R., estudiante.

    Virginia Vidal, periodista y escritora.

    Alejandro Wasiliew.

    Carlos Donoso Pacheco, periodista, profesor.

    Sonia Klimpel.

    Leonardo Maturana, profesor.

    Silvia Rodríguez Bravo.

    Gonzalo Taborga Molina, abogado.

    Tito Alvarado, presidente honorario Proyecto Cultural SUR Internacional.

    Nolberto Díaz S., director Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, consejero nacional CUT.

    Víctor Hugo de la Fuente, director de la edición chilena de “Le Monde Diplomatique”.

    Juan Garrido Salgado, Australia.

    Marcos Roitman Rosenmann, sociólogo, profesor Universidad Complutense de Madrid.

    Oscar Paillacán, España.

    Ulises Urriola.

    Tadeusz Gedymin Malinowski Rubio.

    Rosa Emilia del Pilar Alcayaga Toro, periodista, poeta y profesora.

    José-Christian Páez, escritor-periodista, Barcelona, España.

    Nano Acevedo, cantor, compositor y escritor.

    Gustavo  Donoso.

    Alvaro Ruiz, poeta.

    Rossana Cárcamo Serei, escritora, enfermera, Sint Niklaas, Bélgica.

    Ramón Díaz Eterovic, escritor.

    Cristina Chain, escritora.

    Pablo Ruiz.

    Arturo Volantines Reinoso, poeta, editor.

    Beatriz García Huidobro M.

    Jaime Insunza B., profesor.

    Carlos Zarricueta Lagos, profesor.

    Susan Soto Gálvez, sicóloga.

    Pablo Miranda Cortés, profesor.

    Víctor Hugo Robles, periodista y activista.

    Miguel Angel Meza.

    Christian Formoso.

    Francisco Lussich.

    Ramiro Rivas, escritor.

    Cristián Cruz, escritor y poeta.

    Evelyn Fuentes Ortega.

    Olivia Mora Campos, periodista.

    Oscar Barrientos Bradasic, escritor.

    Alexis Patricio Figueroa Aracena, escritor.

    Mariela Matamoros.

    Pedro Antonio Ormeño Mena.

    Lorenzo Loncon, werkén Confederación Mapuche de Neuquén, Argentina.

    Diamela Eltit, escritora.

    Patricio Manns, escritor y compositor.

    Pedro Lemebel, escritor.

    Pavel Oyarzún, poeta.

    Isabel Gómez, poeta.

    Pablo Paredes, poeta y dramaturgo.

    Montserrat Nicolás, periodista.

    Nelson Avalos, trovador y comunicador social.

    Carlos Ordenes Pincheira, poeta.

    Bruno Vidal, poeta y documentalista.

    Gabriel Rodríguez, poeta.

    Andrés Brignardello, escritor y documentalista.

    Alejandro Lavquén, escritor.

    Jaime Massardo.

    Guido del Valle, poeta.

    Valentina Lira, fonoaudióloga.

    Ursula Starke, poeta.

    José Angel Cuevas, poeta.

    Norma Fariña, librera.

    Rosa Alcayaga, poeta.

    Juan Garrido, poeta.

    Paul Walder, periodista.

    Flora Martínez, enfermera.

    Francisca Cabieses, subdirectora de “Punto Final”.

    Pedro Felipe Ramírez, Izquieda Cristiana.

    Jorge Insunza Becker, miembro de la comisión política del Partido Comunista de Chile.

    Rubén Andino, periodista.

    Cecilia Magdalena Martínez Vidal, asistente social.

    Amanda Pérez Oliva.

    Christian Aedo J., escritor y editor.

    Iván Caballero.

    Luigi Cecchetto.

    Pía Barros, escritora.

    Askapena-Solidaridad Vasca con los Pueblos, Pamplona.

    Sergio Requena Rueda, ingeniero civil.

    Claudia Elisabet Sastre, poeta, Puerto Patriada, Argentina.

    Laura Alemany.

    Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, Argentina.

    Osvaldo Angel, poeta, escritor.

    Ricardo E. Ortiz Barría, dirigente social de Macul.

    Guillermo Rivera, escritor.

    Ricardo Ortiz, dirigente social.

    Luis Arnez, fotógrafo.

    Marcelo Arce Garín, poeta.

    Max González, director MAGO Editores.

    Horacio Eloy, poeta y profesor.

    Carolina Schmits, poeta.

    Gladys González, poeta.

    Pedro Ormeño, profesor de historia.

    Liliana Montenegro.

    Francesca Bravo, Francia.

    Cristián Vila Riquelme, escritor y doctor en filosofía por Universidad de Paris,Sorbonne.

    Yasna Rojas Alchao, estudiante de trabajo social.

    Erick Coñomán, FEUTEM.

    Néstor Vega Salazar, animador de “Tribuna Latino Americana”, Radio Libertaire y presidente de la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, Francia.

    Lise Bouzidi, animadora de “Tribuna Latino Americana” Radio Libertaire, Francia.

    Juana Gálvez Molina.

    Ricardo Candia Cares, periodista.

    Gastón Carrasco Aguilar, poeta.

    Daniela Catrileo, poeta.

    Isidro G. España, grupo Teatro Camino Real, Honduras.

    Franck Gaudichaud, miembro del colectivo editorial de rebelion.org, Francia.

    Mario Casasús, periodista, México.

    Javier Sicilia, poeta, México.

    Francesco Taboada, cineasta, México.

    Anna Lisa Melandri, periodista, Italia.

    Bertha Oliva de Nativi, activista DD.HH., Honduras.

    Ernesto Carmona Ulloa, periodista.

    Guillermo Quiroga Araneda, poeta.

    Rocío Monserrat Barrientos Loaiza, estudiante sociología.

    Daniella Misle Martín, actriz.

    Patricio Valenzuela, dentista.

    Patricio López, periodista y profesor universitario.

    Rosario Carcuro Leone, profesora.

    Alejandra Lastra.

    Jorge Ventocilla, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”, Panamá.

    Mario Amorós, historiador y periodista español.

    Ximena Salomón G., diseñadora gráfica.

    Roberto Carlos Palacios, director del semanario “Debate Socialista”, Caracas.

    Manuel Cabieses, director de la revista “Punto Final”.

     

     

     

     

     

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  • 23/01/2012

    Pinheirinho: mais um episódio de violência do Estado contra o povo

    Durante a semana passada, os jornais e televisões registraram um chamado ‘exército’ trajado com capacetes automobilísticos, escudos feitos com tambores de plástico, caneleiras de PVC, bastões de madeira e pronto para defender um pedaço de chão de 1,3 milhão de metros quadrados no bairro Pinheirinho, em São José dos Campos, onde vivem 1.600 famílias, cerca de sete mil pessoas, desde 2004.

     

    Com a falta de graça habitual, alguns veículos alcunharam este exército como o de Brancaleone, em referência ao filme de comédia dirigido por Mário Monicelli (O Exército de Brancaleone, Itália, 1965) e que conta a história de um cavaleiro medieval atrapalhado que organiza um exército errante de maltrapilhos e desocupados inofensivos. De cômico o grupo de moradores de Pinheirinho não tem nada, tampouco a razão que o levou a se organizar para a resistência. 

     

    A opinião pública tratou nessa toada mais um episódio de violência e barbárie descomunal visto durante este último final de semana, quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo mais uma vez serviu aos instintos racistas do tucanato paulista e com dois helicópteros, carros blindados e dois mil soldados do Batalhão de Choque atacaram a comunidade sem distinguir crianças, mulheres e idosos. Por que tal desocupação ser realizada num sábado e domingo, posto que a ocupação é antiga? Por que lançar na rua famílias que não têm teto, enquanto na ocupação conseguiam viver com o mínimo de dignidade?

     

    O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) vem a público manifestar apoio e solidariedade às famílias desalojadas e um veemente repúdio ao episódio. Entendemos que está em curso no país um grande processo de ‘limpeza social’, afetando toda e qualquer população que busque alternativas diferenciadas da imposta pela especulação imobiliária nos centros urbanos, e dos projetos de desenvolvimento que marcham para o campo e florestas.    

     

    Conforme dados noticiados, mais de 30 integrantes da comunidade foram detidos – fora os feridos com gravidade. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Naji Nahas, empresário dono da área de ocupação no Pinheirinho, segue impune depois de praticar crimes financeiros – lesando a nação – e ser descoberto pela Operação Satiagraha, deflagrada pela Polícia Federal em 2008. Por que a Justiça usa pesos e medidas diferentes quando legisla de forma desigual, beneficiando a elite corrupta brasileira?

     

    Dessa forma, é possível questionar também a legalidade da ação, posto que estava em curso processo de negociação envolvendo atores federais. Além disso, havia conflito de competência. Dessa maneira, a Justiça Estadual deveria ter suspendido a ordem dada, mesmo porque existia um pedido da Justiça Federal. Afora que acima do interesse particular, pois o terreno não é público, apesar de abandonado e reivindicado por uma massa falida, está a dignidade humana – destroçada por cassetetes, balas de borracha e truculência do órgão repressor do Estado, a PM.   

     

    O governador Geraldo Alckmin e seus aliados representam de forma destacada a excrescência da política nacional. Fazem parte de uma ralé covarde, burra, militarista e que encontra no racismo uma prática de governo para atender aos interesses da elite branca, encastelada em bairros nobres com as pompas furibundas que só a mediocridade cruel típica. Alckmin tinha o dever de não permitir que a violência ocorresse, mas os últimos fatos indicam – repressão na Universidade de São Paulo (USP) e ação no bairro da Luz – como age o governador, picolé de chuchu da elite paulistana.

     

     

    Enquanto Alckmin pratica seu racismo, mais de 5,5 milhões de moradias precisam ser construídas para acabar com o déficit habitacional no Brasil, segundo dados do Ministério das Cidades. As favelas e áreas em situação de risco abrigam 7 milhões de pessoas – esse número aumentou 42% nos últimos 15 anos, segundo análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

     

    O episódio de violência que atingiu os moradores de Pinheirinho acontece em todo país. Seja com os desalojados pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira (PA), marca do governo federal que não perdeu a oportunidade de mandar seus representantes para Pinheirinho, com os quilombolas, com os indígenas – caso das desocupações recentes das retomadas Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e Pataxó Hã-Hã-Hãe, na Bahia – ou com os sem-terra.

     

     

     

     

     

       

     

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  • 23/01/2012

    Nota da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa a respeito da ação policial em Pinheirinho

    A Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, reunida em Porto Alegre nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2012, condena veementemente a brutal ação policial que desocupou a favela do Pinheirinho, em São José dos Campos, São Paulo. A notícia, que recebemos com consternação, é um choque, por sua ferocidade e covardia que, de acordo com relatos, teriam custado sete mortes. Infelizmente, contudo, não é uma surpresa. Quem está atento aos fenômenos de transformação do espaço urbano brasileiro nos últimos anos, sabe da violência que caracteriza os processos de exclusão que atingem às comunidades mais pobres, mesmo quando eles não se manifestam pela força física.

     

    Pinheirinho é um caso trágico, mas exemplar: um terreno dedicado à especulação imobiliária, que pertence à massa falida de Naji Nahas, notório criminoso financeiro; cerca de 1.600 famílias, totalizando mais de 6.000 pessoas, vivendo no local há oito anos; descaso das autoridades em todos os níveis, mas especialmente a prefeitura, com a regularização e a infraestrutura da área; uma intervenção direta do aparelho estatal (no caso, o governo do Estado de São Paulo) contra a população mais carente e em favor de interesses privados.

     

    Nada disso, claro, é novidade; mas essas dinâmicas têm se acelerado nos últimos anos e ganharam, mais recentemente, um impulso fortíssimo com a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O que temos visto são remoções criminosas, atingindo cerca de 170 mil pessoas no Brasil inteiro, e desrespeito aos direitos mais básicos, em favor de uma lógica que privatiza os lucros, enquanto socializa custos e prejuízos à população. Estes prejuízos se distribuem desproporcionalmente, e é a população mais fragilizada, em particular, que arca com o peso maior.

     

    Megaeventos são, no mundo todo, exatamente isso: grandes desculpas para criar-se um estado de exceção que permite a uns poucos maximizar seu ganho nas costas de muitos que pagam caro, seja por meio de impostos, seja pela perda da moradia, seja pela perda de direitos trabalhistas, seja, como é o caso hoje, com a vida.

     

    Exigimos justiça para as famílias do Pinheirinho, mas também para aqueles que terão de ser responsabilizados e punidos por este arbítrio. Em primeiro lugar, o governador Geraldo Alckmin, que hoje inscreveu seu nome no panteão dos governos do Estado de São Paulo: agora ele também tem o seu Carandiru. Têm que pagar o preço do abuso, ainda, o juiz titular da 3ª Vara Federal, Carlos Alberto Antônio Júnior, que cassou a liminar que suspendia a ação de reintegração de posse, alegando que a justiça federal não teria competência para atuar no caso, apesar da manifestação de interesse da União em comprar a área disputada; e especialmente a juíza da 6ª Vara Cível, Márcia Faria Mathey Loureiro, que planejou a ação junto com o comando da Polícia Militar; bem como os comandantes envolvidos na operação.

     

    Mas se Pinheirinho é exemplar, também o é pela organização e empenho da comunidade em lutar pelos seus direitos. Rodaram o mundo fotos e vídeos destes homens e mulheres comuns que, jogados pelas circunstâncias numa luta desigual por seus direitos e sua dignidade, elevaram-se ao papel de fonte de inspiração e admiração para muitos. Pinheirinho pode cair, mas Pinheirinho não acabará para todos aqueles que seguirão lutando esta mesma luta. A partir de hoje, Pinheirinho somos todos nós.

     

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  • 23/01/2012

    Políticos e fazendeiros respondem na Justiça por homicídio de indígenas

    Denúncia do MPF é aceita e seis réus respondem por duplo homicídio e ocultação de cadáveres

     

    O processo em que o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) acusa seis pessoas pelo envolvimento no ataque à comunidade indígena Ypo’i (Paranhos, sul do estado) e a morte dos professores indígenas Jenivaldo Vera e Rolindo Vera, foi aceito pela Justiça. Agora, os denunciados são, formalmente, réus em processo penal e vão responder por homicídio qualificado – sem possibilidade de defesa da vítima -, ocultação dos cadáveres, disparo de arma de fogo e lesão corporal contra idoso. Para a Justiça, a denúncia do MPF reúne provas de materialidade do crime e indícios de autoria.

     

    Os réus são Fermino Aurélio Escolbar Filho, Rui Evaldo Nunes Escobar e Evaldo Luís Nunes Escobar – filhos do proprietário da Fazenda São Luís -, Moacir João Macedo – vereador e presidente do Sindicato Rural de Paranhos-, Antônio Pereira – comerciante da região -, e Joanelse Tavares Pinheiro – ex-candidato a prefeito de Paranhos.

     

    O MPF também requisitou abertura de novo inquérito na Polícia Federal de Ponta Porã para investigação da participação de outras pessoas nos crimes, além de indícios de utilização de veículo oficial da Prefeitura de Paranhos no deslocamento do grupo que atacou os indígenas. Este novo inquérito ainda não foi finalizado.

     

    Ataque

     

    As mortes ocorreram durante expulsão de área reivindicada pelos indígenas como de ocupação tradicional da etnia guarani-kaiowá (Tekoha Ypo´i), na Fazenda São Luiz, em Paranhos, em 31 de outubro de 2009. Conforme a denuncia, quatro dos réus – Evaldo, Moacir, Antônio Pereira e Joanelse – e outras pessoas ainda não identificadas, contando com o auxílio dos réus Fermino e Rui, chegaram ao local em caminhões e caminhonetes, efetuando disparos com pelo menos sete armas de fogo de vários calibres (12, 32, 36, 9mm Luger, 30 e 38) e agredindo o grupo de 50 indígenas. Mário Vera, à época com 89 anos, recebeu pauladas nas costas, ombros e pernas. Os dois professores foram mortos e os corpos, ocultados.

     

    O corpo de Jenivaldo foi encontrado uma semana depois, em 7 de novembro, dentro no Rio Ypo´i, próximo ao local do conflito. Segundo boletim de ocorrência, Jenivaldo “estava sem camisa, com cueca e calção, descalço, com perfuração de arma de grosso calibre frontal no peito e nas costas”. A perícia comprovou que a morte foi causada por um tiro nas costas, que saiu pelo peito, causando a hemorragia fatal. Apesar das buscas realizadas pela Polícia com o auxílio do Exército e do Corpo de Bombeiros, o corpo de Rolindo não foi encontrado até hoje.

     

    Depois de expulsos em 2009, os indígenas guarani-kaiowá reocuparam a área de reserva legal da Fazenda São Luís em 19 de agosto de 2010. Eles estão amparados por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3 – que cassou ordem de reintegração de posse “até a produção de prova pericial antropológica”, ou seja, os estudos que confirmem os indícios de ocupação tradicional da região por aquele grupo étnico. Segundo o Tribunal, "existem provas de que a Fazenda São Luiz pode vir a ser demarcada como área tradicionalmente ocupada pelos índios".

     

    Referências processuais na Justiça Federal de Ponta Porã:

    Denúncia criminal: 0002988-16.2011.4.03-6005

    Reintegração de Posse: 0002584-96.2010.4.03.6005

     

    Assessoria de Comunicação Social

    Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul

    (67) 3312-7265       / 9297-1903

     (67) 3312-7283       / 9142-3976

    www.prms.mpf.gov.br

    [email protected]

    www.twitter.com/mpf_ms

     

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  • 23/01/2012

    Belo Monte e as muitas questões em debate. Entrevista especial com Ubiratan Cazetta

    “Belo Monte compromete, de maneira irreversível, a possibilidade das gerações presentes e futuras de atenderem suas próprias necessidades. Apesar de ser um debate novo no judiciário brasileiro, o direito da natureza e das gerações futuras é objeto de pelo menos 14 convenções e tratados internacionais, todos ratificados pelo Brasil, além de estar presente na Constituição Federal", afirma o procurador da República do Estado do Pará.

     

    Confira a entrevista.

     

    Apesar de as condicionantes fixadas na licença prévia ambiental não terem sido cumpridas, as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte iniciaram e trazem à tona velhos e novos questionamentos.  Seis meses após o início de instalação dos canteiros de obras, ainda há “imprecisão quanto à dimensão da área a ser desapropriada e da quantidade de pessoas que serão atingidas, removidas ou indenizadas”, diz o procurador da República Ubiratan Cazetta à IHU On-Line.

     

    Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, ele informa que o Ministério Público Federal – MPF ainda está analisando “o decreto de utilidade pública editado recentemente, que abrange uma imensa área, coincide com os dados que constavam da licença prévia ou se houve, de fato, ampliação ou mudança de limites e quais os impactos de tais alterações”. Muitos moradores de Altamira estão apreensivos, pois temem que suas terras sejam desapropriadas para dar espaço à construção de Belo Monte.

     

    De acordo com Cazetta, as obras da usina hidrelétrica ainda podem ser paralisadas se as ações públicas que apontam falhas distintas no processo de licenciamento e construção da usina forem julgadas. “Esta é uma hipótese, entretanto, que vai ficando cada vez mais delicada, ante a demora no julgamento dos processos, pois as sentenças podem vir em momento em que os danos sejam ainda maiores. É essencial que os processos que discutem Belo Monte sejam tratados como prioritários e julgados. Não é admissível que passem meses esperando a definição quanto ao juízo competente, que fiquem os autos transitando entre Belém, Altamira e Brasília apenas para definir o juiz encarregado do julgamento e que as sentenças não sejam proferidas”, assinala. 

     

    De acordo com o procurador, para o MPF, Belo Monte “viola o direito da natureza”, tema que está sendo discutido recentemente entre os juízes. “Apesar de ser um debate novo no judiciário brasileiro, o direito da natureza e das gerações futuras é objeto de pelo menos 14 convenções e tratados internacionais, todos ratificados pelo Brasil, além de estar presente na Constituição Federal”, esclarece. E reitera: “Neste século, a humanidade caminha para o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos. A visão antropocêntrica utilitária está superada. Significa que os humanos não podem mais submeter a natureza à exploração ilimitada”.

     

    Ubiratan Cazetta é procurador da República no Estado do Pará e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República.

     

    Confira a entrevista.

     

    IHU On-Line – Qual é o andamento das obras de Belo Monte, seis meses após o início da construção? O que mudou em Altamira neste período?

     

    Ubiratan Cazetta – Foram efetivamente iniciadas as obras.  A primeira fase foi dedicada à construção de canteiros e locais para os trabalhadores e outras obras preparatórias para a construção em si.  alguns dias, teve início a primeira intervenção física no Rio Xingu, com a construção de uma ensecadeira de 500 metros, no chamado Sítio Pimental. Com esta intervenção no rio Xingu, já recebemos a reclamação dos índios Arara, que noticiaram que a água que eles utilizam no dia a dia foi diretamente afetada, sem que qualquer medida antecipatória ou compensatória tenha sido implementada.

     

    A cidade de Altamira já sofre todos os impactos negativos que se esperava, sem que os positivos estejam visíveis. O fluxo migratório aumentou e, embora sem dados oficiais, fala-se em mais de 10 mil pessoas.  Isto já causou alteração nos índices de violência, com destaque para os crimes de violência sexual contra menores. 

     

    Os dados quanto ao impacto na área de saúde e educação ainda estão sendo levantados, para que se tenha uma dimensão correta. A especulação imobiliária e o custo dos produtos também podem ser elencados como mudanças concretas em Altamira. A própria Prefeitura Municipal, juntamente com cerca de 40 entidades representativas do local, chegou a solicitar a suspensão da Licença de Instalação, diante do descumprimento das condicionantes e do atraso das obras prometidas pelo empreendedor.

     

    IHU On-Line – Quais são as principais denúncias feitas ao Ministério Público Federal em relação à construção de Belo Monte?

     

    Ubiratan Cazetta – Não é simples enumerar os diversos tipos de conflitos que Belo Monte suscita desde o início desta discussão. Podemos, esquematicamente, dividir os problemas em tópicos, que não pretendem ser exaustivos, mas apenas exemplificativos:

     

    1 – Descumprimento da Constituição Federal, diante da falta de oitiva das populações indígenas sobre o aproveitamento de seus recursos hídricos e, ainda, da falta de lei específica que regulamente tal exploração, com a definição quanto ao pagamento de royalties e outras compensações, se aprovado o uso do recurso hídrico;

     

    2 – Estudos prévios insuficientes, especialmente na questão socioambiental, audiências públicas que não contemplaram todas as localidades atingidas e que não serviram para informar e debater com a população empreendimento deste porte;

     

    3 – Insuficiência dos dados quanto à viabilidade econômica de uma obra que iniciou orçada em 9,6 bilhões de reais e, sucessivamente, teve seu valor alterado para 19,2 bilhões, 25 bilhões e que estaria, atualmente, em, no mínimo, 28 bilhões de reais;

     

    4 – Descumprimento das condições impostas na licença prévia como requisitos para início das obras, o que gera impacto direto em vários setores, mas são cruciais na saúde, educação, saneamento e segurança pública;

     

    5 – Imprecisão quanto à dimensão da área a ser desapropriada e da quantidade de pessoas que serão atingidas, removidas ou indenizadas;

     

    6 – Dúvida quanto ao impacto na área urbana de Altamira e indefinição quanto ao local de realocação da população atingida.

     

    IHU On-Line – Como está sendo feita a desapropriação de terras que serão utilizadas para a construção da usina?  Os ambientalistas dizem que áreas que não estavam descritas no projeto original estão sendo desapropriadas. Como a Norte Energia se posiciona diante destas denúncias? Trata-se de uma irregularidade?

     

    Ubiratan Cazetta – Este é um dos pontos que ainda estão sendo analisados e sobre os quais não se tem um juízo de valor definitivo por parte do Ministério Público Federal – MPF. Estamos checando se o decreto de utilidade pública editado recentemente, que abrange uma imensa área, coincide com os dados que constavam da licença prévia ou se houve, de fato, ampliação ou mudança de limites e quais os impactos de tais alterações.

     

    Declarar uma área de utilidade pública não significa, imediatamente, sua desapropriação, mas o anúncio de que pode vir a ser desapropriada, se necessário para a realização da obra. Esta indefinição ou falta de clareza quanto ao que efetivamente será desapropriado também gera um ponto de tensão crescente, pois deixa a população insegura.

     

    De outro lado, não foram concluídos e apresentados os dados do Cadastro Socioambiental, que permitirá, finalmente, conhecer os números de pessoas atingidas, se será necessário o seu deslocamento e, mais importante, qual a política de atendimento a tais atingidos, evitando que não sejam indenizados ou que sejam marginalizados na periferia das cidades ou dos canteiros de obra.  A fixação dos critérios de indenização não pode ser apenas patrimonialista, com o uso dos critérios formais de propriedade, pois sabe-se que a grande maioria dos atingidos não tem título de propriedade formal, embora viva nas áreas atingidas há gerações, especialmente quando se observa a situação das comunidades tradicionais. Necessário, então, que estas desapropriações sejam feitas com critério, com políticas públicas de inclusão, de realocação e qualificação dos atingidos.

     

    IHU On-Line – Para que locais as famílias que têm suas terras desapropriadas estão sendo realocadas? Como elas se manifestam e que tipo de acompanhamento e assistência elas recebem?

     

    Ubiratan Cazetta – Todos estes critérios são ainda muito opacos, sem uma definição precisa de como serão tratadas as famílias.  Sabe-se que algumas simplesmente foram indenizadas em dinheiro e tentarão se mudar para locais próximos. Todavia, seja pelo valor da indenização, seja pela especulação imobiliária, há uma forte tendência de que tais pessoas acabem inchando a periferia de Altamira e cidades vizinhas, sem opções de renda e emprego, o que deve ter impacto bastante negativo na realidade social local.  Outros, buscam ser realocados, mas não se tem certeza quanto ao processo de escolha da nova destinação de tais famílias e se serão observados as suas aptidões, seu meio de vida tradicional ou se, uma vez mais, serão apenas realocadas, sem critérios, sem preparação e sem capacitação.

     

    Para tentar garantir um atendimento adequado a tais famílias, garantindo-lhes assessoria jurídica para defesa dos seus interesses individuais – que não podem, por isto mesmo, serem defendidos pelo MPF -, temos lutado pela instalação e funcionamento, em Altamira, da Defensoria Pública da União, o que gerou mais uma ação civil pública, para forçar a União a cumprir sua obrigação. Hoje, entretanto, tais famílias não contam com assessoria adequada, o que as torna ainda mais vulneráveis.

     

    IHU On-Line – Como o senhor avalia o debate acerca do impedimento de consulta prévia dos povos indígenas em relação a Belo Monte, no ano passado?

     

    Ubiratan Cazetta – Com muita preocupação, pois estamos perdendo uma excelente oportunidade

    para demonstrar que a Constituição Federal não é um mero enfeite, mas, sim, base das atuações do Estado brasileiro. Neste processo de discussão de Belo Monte, partimos de afirmações de

    que os índios seriam ouvidos no licenciamento, depois, já no licenciamento, a manifestação passou a ser uma função da Funai e, finalmente, desaguamos em um momento em que o governo brasileiro simplesmente nega que exista aproveitamento de recursos hídricos de áreas indígenas, argumentando que as áreas não serão alagadas.  De fato, não serão alagadas, mas, sim, esvaziadas, com a redução drástica do volume de água, com o impedimento do uso do rio como meio de locomoção, com a extinção de espécies de peixes e assim por diante e a água que foi retirada das áreas indígenas irá exatamente para formar o reservatório da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Se isto não é aproveitamento de recursos hídricos, tenho dificuldade de imaginar o que seja.

     

    Para piorar, tem-se manifestação do Tribunal Regional Federal – TRF 1ª Região chamando um preceito constitucional de privilégio e, embora o reconhecendo, negando seus efeitos. Concretamente, o que temos é o desprezo ao debate com as comunidades indígenas, o descumprimento direto da Constituição Federal e das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

     

    IHU On-Line – Como ficou a questão do cumprimento das condicionantes ambientais? Todas as condicionantes foram cumpridas ou a construção da usina foi liberada sem o cumprimento da legislação?

     

    Ubiratan Cazetta – As condicionantes fixadas na licença prévia não foram integralmente cumpridas e, mesmo assim, a licença de instalação foi liberada e as obras iniciaram. Os impactos de tal decisão estão visíveis nas dificuldades enfrentadas pelos municípios diretamente atingidos, como Altamira e Vitória do Xingu, que não viram ainda entregues as escolas, não tem os hospitais em funcionamento, não tiveram número suficiente de trabalhadores capacitados para serem aproveitados, mas já tem o fluxo migratório crescente, o aumento da demanda por serviços públicos, sem que haja recursos e políticas públicas definidas para enfrentar tais desafios. Este tema é objeto de uma das muitas ações civis públicas que ainda não foram decididas.

     

    IHU On-Line – Há a possibilidade de paralisar as obras de Belo Monte em função de alguma ação civil pública?

     

    Ubiratan Cazetta – Sim.  Diversas ações civis públicas apontam falhas distintas, em momentos distintos de todo este processo de licenciamento e início de construção da Usina de Belo Monte e podem, se forem julgadas, vir a determinar a paralisação das obras.  Esta é uma hipótese, entretanto, que vai ficando cada vez mais delicada, ante a demora no julgamento dos processos, pois as sentenças podem vir em momento em que os danos sejam ainda maiores.  É essencial que os processos que discutem Belo Monte sejam tratados como prioritários e julgados.  Não é admissível que passem meses esperando a definição quanto ao juízo competente, que fiquem os autos transitando entre Belém, Altamira e Brasília apenas para definir o juiz encarregado do julgamento e que as sentenças não sejam proferidas. Também não é razoável que o TRF 1ª Região gaste anos para julgar um recurso.  É o momento de todos os que atuam nestes processos, no que se inclui o MPF, a Advocacia-Geral da União – AGU, Norte Energia S.A. – NESA, Ibama e o Judiciário, tomem medidas efetivas para acelerar o andamento, não adotando medidas que apenas busquem evitar uma decisão, favorável ou contrária. A indefinição ou a decisão tardia é o pior desfecho para este debate.

     

    IHU On-Line – Em função de Belo Monte, o direito da natureza está sendo discutido no judiciário. Como, juridicamente, está questão é abordada?

     

    Ubiratan Cazetta – Belo Monte encerra vários confrontos: entre a geração de energia hidrelétrica e os direitos indígenas; entre o interesse de empreiteiras e o direito da natureza; entre o direito ao crescimento econômico e os princípios do direito ambiental.

     

    A usina, de acordo com todos os documentos técnicos produzidos, seja pelo Ibama, pelas empreiteiras responsáveis pelos Estudos, seja pela Funai, o MPF ou os cientistas que se debruçaram sobre o projeto, vai causar a morte de parte considerável da biodiversidade na região da Volta Grande do Xingu – trecho de 100km do rio que terá a vazão drasticamente reduzida para alimentar as turbinas da hidrelétrica. Esse trecho do Xingu é considerado, por decreto do Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA n° 9/2007), como de importância biológica extremamente alta, pela presença de populações animais que só existem nessa área, essenciais para a segurança alimentar e para a economia dos povos da região. A vazão reduzida vai provocar diminuição de lençóis freáticos, extinção de espécies de peixes, aves e quelônios, a provável destruição da floresta aluvial e a explosão do número de insetos vetores de doenças.

     

    Quando os primeiros abolicionistas brasileiros proclamaram os escravos como sujeitos de direitos foram ridicularizados. No mesmo sentido foram os defensores do sufrágio universal, já no século XX. Em ambos os casos, a sociedade obteve incalculáveis ganhos. Neste século, a humanidade caminha para o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos. A visão antropocêntrica utilitária está superada. Significa que os humanos não podem mais submeter a natureza à exploração ilimitada.

     

    Para o MPF, Belo Monte representa a violação não só dos direitos dos índios, ribeirinhos e agricultores que hoje vivem no Xingu, mas viola o direito da natureza e o direito das gerações futuras ao desenvolvimento sustentável. Belo Monte expõe o confronto entre o desenvolvimento a qualquer custo e os princípios do direito ambiental. A solução deve ser sempre em favor do último, diante do bem maior a ser preservado, que é a vida em sentido holístico. Belo Monte compromete, de maneira irreversível, a possibilidade das gerações presentes e futuras de atenderem suas próprias necessidades. Apesar de ser um debate novo no judiciário brasileiro, o direito da natureza e das gerações futuras é objeto de pelo menos 14 convenções e tratados internacionais, todos ratificados pelo Brasil, além de estar presente na Constituição Federal.

     

    IHU On-Line – Como explicar a posição do Brasil de dar prosseguimento à construção de Belo Monte depois da audiência que determinou a suspensão da obra de Belo Monte na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA)?

     

    Ubiratan Cazetta – A discussão sobre a construção de Belo Monte poderia ser vista como um momento de amadurecimento das instituições brasileiras, que ganhariam muito se o tema fosse tratado com transparência.  O que se viu, entretanto, foi um retrocesso evidente na postura brasileira, o que é muito preocupante no momento em que se pretende firmar o Brasil como uma das potências mundiais.  Agimos, no caso da CIDH, com a mesma prepotência que sempre criticamos em outros países. 

     

    O mais grave, entretanto, é a mensagem subliminar que esta forma de agir transmite e que fortaleceu críticas que colocam em risco a própria noção do sistema interamericano de direitos humanos. O Brasil, rompendo com sinais anteriores, acabou demonstrando não ter uma posição clara quanto ao modelo de cobrança de responsabilidade internacionais que assumiu.  Nos casos anteriores de condenação pela Corte Interamericana (caso Ximenes Lopes, por exemplo) ou de intervenção pela Comissão Interamericana (caso Urso Branco ou Febem), como envolviam atos de governos estaduais, parecia ser mais fácil ao Estado brasileiro se posicionar.  Entretanto, quando as críticas atingem um fato que deve ser diretamente imputado ao governo federal, como é a questão do direito à verdade no período militar ou o caso Belo Monte, a capacidade de autocrítica fica muito reduzida e toda ressalva se transforma em resposta passional, como o não pagamento das contribuições à OEA ou medidas equivalentes.

     

    Tenho expectativa que a política externa brasileira assume os ônus de seu papel de liderança, mas tenha os olhos voltados para um passado em que proclamava o respeito aos direitos humanos e o fortalecimento do contencioso internacional de direitos humanos como uma meta a ser atingida o quanto antes e não como algo que deva ser combatido ou tolhido.

     

    IHU On-Line – Quais os desafios de discutir, juridicamente, os impactos ambientais gerados por grandes empreendimentos como Belo Monte?

     

    Ubiratan Cazetta – São vários os problemas, que envolvem as pressões naturais geradas por uma obra de infraestrutura, com orçamento gigantesco de, ao menos, 30 bilhões de reais ou a dificuldade de discussão de uma política energética que contemple, com seriedade, fontes alternativas (eólica, por exemplo) e a requalficação do parque elétrico atual (diminuição significativa das perdas no processo de transmissão/distribuição de energia ou repotenciação e modernização das usinas mais antigas).

     

    Outro desafio é debater estes temas quando o Brasil não definiu, até hoje, um modelo de desenvolvimento sustentável que considere as aptidões evidentes da Amazônia na exploração da sua biodiversidade e prioriza projetos como Belo Monte, que tendem a forçar a repetição de modelos de desenvolvimento que já causaram o esgotamento de outros ecossistemas. O mais delicado, entretanto, talvez seja como utilizar o processo civil para discutir temas áridos, que fogem ao cotidiano do sistema judiciário e que tentam acabar com a invisibilidade social das minorias, buscam garantir o respeito a populações tradicionais ou, no caso das populações urbanas, a efetiva implementação de políticas públicas de saúde, educação, saneamento, segurança pública, geração de emprego e renda.

     

    O espaço democrático para debate destes temas, quer no licenciamento ambiental, quer no processo judicial precisa ser desenhado, precisa viabilizar o acesso da sociedade civil, tanto à informação qualificada, quanto ao meios de se manifestar, rompendo com meras peças publicitárias e atingindo o conteúdo do debate. Transformar estes assuntos em teses jurídicas ou mediar os conflitos e tentar um debate extrajudicial talvez seja o mais delicado, até mesmo por gerar incompreensões ou, pior ainda, reações que, ao invés de abrirem o Estado brasileiro ao debate, apenas fortalecem focos de tensão ou fragilizam as instituições.

     

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  • 20/01/2012

    Comissão entra com representação no MPF sobre ataque aos indígenas isolados no Maranhão

    Na medida em que está comprovada a ilegítima alegação de mero boato envolvendo ataque aos indígenas Awá-Guajá isolados da Terra Indígena Araribóia, município de Arame, no Maranhão, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) se pronuncia em interface\ou mediante a representação pública impetrada junto ao Ministério Público Federal do Maranhão (MPF/MA) nesta sexta-feira (20). 

    O conteúdo da representação se sustenta com base no levantamento in loco realizado por uma Comissão, composta por representantes do Cimi, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), que esteve no local onde a violência ocorreu. A comissão percorreu cerca de 20 quilômetros, partindo da aldeia Vargem Grande, TI Araribóia, até o local da denúncia do ataque contra os Awá-Guajá.

    Foram seis horas de caminhada sob mata fechada e riscos iminentes de encontros indesejados com madeireiros. A tensão dos integrantes da comissão se acirrava a cada árvore marcada para o abate, estrada clandestina aberta para a passagem dos caminhões e tratores, clareiras de desmatamento, pilhas de toras esperando a remoção para a cidade e um acampamento madeireiro em estágio avançado de construção.

    Da mesma forma em que os sinais da ação escancarada dos madeireiros estavam por todos os lados, vestígios da presença dos Awá-Guajá isolados também eram facilmente identificáveis na área – em parte dividida com os Tenetehara (ou Guajajara), autores da denúncia do ataque, que a usam para caçadas. No entanto, a marca mais impactante da presença dos Awá-Guajá encontra-se na constatação de que no local existia um acampamento dos indígenas com grande abundância de árvores com colméias

    Indícios da presença dos isolados. Ali eles estavam para a coleta do mel silvestre, prática tradicional realizada no período entre agosto e novembro, tempo de estiagem ou sem chuva. O acampamento foi destruído por tratores madeireiros, conforme sinais deixados pela esteira da máquina e clareira de desmatamento, onde quatro famílias viviam, de acordo com os vestígios das fogueiras encontradas no local.

    Causou espanto o relatório emitido por três servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai), que atuam na sede do órgão em Imperatriz (MA). Em verdade, espanto e repulsa por trabalho tão mal feito e incompetente. Os servidores não chegaram a ir ao local dos fatos, tal como fez a comissão, tampouco autuaram motorista de caminhão que flagrado retirava madeira da terra indígena – crime federal. Segundo a comissão pôde apurar junto aos indígenas, os servidores da Frente de Proteção de Indígenas Isolados estiveram no local em abril do ano passado e nunca mais voltaram lá.

    Diante de tal descaso, ficam duas perguntas a serem respondidas: a Funai Maranhão tem condições de continuar prestando trabalhos que visem o esclarecimento desse fato? Porque outros servidores do órgão foram enviados à região e não os responsáveis pela Frente de Proteção Etnoambiental Awá-Guajá, que até agora não se pronunciou sobre o caso?

    Mentiram: disseram que nenhuma denúncia do ataque fora feita em novembro de 2011. A direção da Funai, em Brasília (DF), admitiu ter recebido uma denúncia anônima no mês de novembro, mais não esteve no local. Nessa feita, tratou logo de desqualificar o relatório dos servidores do órgão no Maranhão, se comprometendo a aprofundar as investigações sobre o crime, em parceria com a Polícia Federal.

    Mais uma vez a Funai não compareceu à reunião no MPF, cabe lembrar que o horário da reunião desta sexta-feira (20) foi alterada para a parte da manhã porque a Funai de Brasília confirmou que mandaria um representante. O delegado da Polícia Federal, presente na reunião, informou que até o momento nenhum pedido ou material foi entregue pelo órgão oficial para que a polícia possa agir.

    Esse fato não pode ficar impune, tampouco a culpa não pode recair sobre os indígenas. É necessário que haja uma investigação e que se aponte quem são esses madeireiros que exploram há anos os territórios indígenas no estado, responsáveis por um rastro de destruição e violência contra esses povos. Como eles conseguem continuar a agir impunemente no Maranhão? O governo federal pode mesmo se contrapor a esses criminosos, aparentemente tão poderosos no estado do Maranhão?

    A nós e ao conjunto sociedade brasileira cabe cobrar providências para que este caso não fique impune. Reafirmar que foi uma agressão sobre um povo que vive isolado e que merece todo nosso respeito e atenção – não serem expulsos ou afugentados do seu habitat natural por conta de uma prática ilegal e um crime ambiental. Episódios como esse tiram a paz e a segurança física e cultural dos povos indígenas, ameaçando de extinção um dos últimos povos nômades do Brasil.

    Brasília, 20 de janeiro de 2012

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  • 20/01/2012

    O governo brasileiro e as mortes de crianças indígenas no Acre

    Mais uma vez os povos indígenas são vítimas da desassistência e do descaso do governo brasileiro. Depois de terem sido veiculadas as notícias sobre a morte de 13 crianças indígenas Kaxinawá e Kulina, povos que tradicionalmente habitam as regiões do Alto Rio Purus e Rio Juruá, no Estado do Acre, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, “declarou não haver confirmação e que não é a primeira vez que se registram casos de diarréia aguda na região” (Agência Brasil, 18/01/2012). Tal declaração, feita pela mais importante autoridade sanitária do país, é mais uma evidência do descaso para com a vida dos povos indígenas e deve ser considerada como uma cínica confissão da negligente ação do Estado, da falta de políticas preventivas em saúde e, portanto, da responsabilidade direta pela morte destas e de outras crianças. 

     

    As notícias veiculadas na imprensa até o momento mostram o trágico quadro que envolve a morte de 13 crianças indígenas em apenas um mês. A causa é a disseminação de um vírus que trás como consequência forte diarréia e vômito e que necessita de tratamento rápido e eficaz, dado o risco de propagação. E o que mais impacta, neste e em outros casos noticiados anteriormente, é a naturalidade com que se afirma que uma dada região do país não está efetivamente resguardada pelas ações de assistência em saúde e pelas políticas em defesa da vida. Tudo isso faz pensar que existiriam, então, áreas do território brasileiro em que os direitos à cidadania valeriam menos, e que a vida da população estaria entregue ao acaso, o que contraria todas as premissas e princípios que rege m o Estado nacional.

     

    Não é possível admitir que tragédias humanas como estas sejam vistas como fatos naturais, previstos em estatísticas, ou considerados como margem aceitável de ineficácia num sistema que deve resguardar a vida de todos os brasileiros. Não é natural que as crianças sejam acometidas por vírus e não recebam tratamento adequado; bem como não é natural que inexistam unidades de saúde suficientes para atender a quem precisa. A morte de 13 crianças indígenas em um mês não é natural! Que o digam as famílias que choram a perda daqueles que são a esperança de futuro, que o digam os povos Kulina e Kaxinawá, que já sofreram tantas violências e genocídios ao longo dos séculos.

     

    E o ministro Padilha, ao reconhecer com tamanha naturalidade que naquela região existe desassistência, admite por extensão que as mortes são esperadas ou, no mínimo, que o Estado assume o risco de deixar morrer, ao invés de fazer viver. Sobre o quadro geral, o ministro parece consciente de que, nas atuais condições, outras vidas serão ceifadas. Nestas circunstâncias se tornam mais contundentes ainda as denúncias que vêm sendo feitas por organizações indígenas da Amazônia de que alguns povos estão em risco de extinção em função do mau atendimento em saúde (mortalidade infantil, doenças como hepatite B, malária, tuberculose tem sido veementemente denunciadas às instâncias responsáveis, sem que ocorram mudanças efetivas). Tal situação resulta na drástica diminuição populacional e numa redução da expectativa de vida.

     

    A manifestação pública do ministro acabou revelando que os povos indígenas (suas crianças, homens e mulheres) são coletividades que não interessam ou não fazem parte das preocupações do Estado Brasileiro. Assim, pode-se dizer que, para os governantes, os indígenas são seres humanos descartáveis (ou residuais, para usar um termo de Zygmund Bauman), num país que se volta exclusivamente para um modelo desenvolvimentista e que se ocupa prioritariamente de interesses do capital. Assim, o foco da administração pública tem sido voltado para a gestão das forças políticas (através de acordos, conchavos, composições), bem como para abafar e escamotear as denúncias de corrupção (que está entranhada na máquina pública e na política partidária), para acomodar apadrinhados em cargos públicos e para assegurar que os mega empreendimentos transacionais se viabilizem. O governo está ocupado demais em gerir esse conjunto de interesses e de circunstâncias políticas, e, portanto sobra pouco tempo e recurso para dedicar ações voltadas à população, quais sejam: as políticas sociais e garantias de sua plena execução; as políticas econômicas e de desenvolvimento que assegurem plena participação da coletividade; o respeito à diversidade étnica e cultural e seus modos de vida; a preservação ambiental e o controle sobre os bens naturais das terras, matas e águas, entre outras.

     

    A denúncia das mortes das crianças Kaxinawá e Kulina veio a público e exigiu que o ministro se posicionasse. Contudo, há dezenas de casos semelhantes que sequer chegam ao conhecimento da sociedade e da mídia, permanecendo ocultos por detrás de tabelas, números e estatísticas elaboradas em gabinetes oficiais.

     

    A omissão também tem sido dolorosamente sentida pelos povos indígenas das regiões Sul e Sudeste do país, em que a maioria das comunidades, em grande parte dos povos Guarani e Kaingang, vive na beira das estradas, sem ter suas terras tradicionais demarcadas, sem água potável, sem saneamento básico. A elas são negadas as condições para assegurar a vida, o exercício da cidadania, o futuro (tanto do ponto de vista físico, quanto cultural). Elas enfrentam a escassez, se tornam dependentes da caridade, das políticas assistenciais que não se convertem em alternativas de longo prazo, e não respeitam a diferença, a liberdade, a dignidade humana.

     

    As mortes das crianças Kaxinawá e Kulina parecem previstas na lógica de governar da presidente Dilma e de seus ministros, haja vista a caótica situação da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), estrutura montada no Ministério da Saúde e que deveria desenvolver as ações e serviços entre os povos indígenas.

     

    As 13 crianças indígenas parecem não importar para o governo e para seus órgãos oficiais que ainda investigam a origem das mortes. As 13 crianças precisam ser lembradas como vítimas deste governo, de sua omissão, intolerância e arrogância. Elas merecem mais do que palavras de conformismo do Senhor Ministro da Saúde.

     

    Porto Alegre, RS, 20 de janeiro de 2012.

     

    Roberto Antonio Liebgott

    Cimi Sul – Equipe Porto Alegre

     

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  • 20/01/2012

    Morre criança da etnia Apurinã e número de óbitos cresce no Acre

    Renato Santana

    de Brasília

     

    Uma criança indígena de nove meses da etnia Apurinã morreu na manhã desta sexta-feira (20) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco, capital do Acre. Além dos Apurinã, que vivem no Alto Rio Inauini, os Huni Kuin (Kaxinawá) e Madjá (Kulina), do Alto Rio Purus, também registraram mortes.

     

    De acordo com as lideranças indígenas que compõem o Conselho Distrital de Saúde, sobe para 16 o número parcial de crianças mortas no estado vítimas dos mesmos sintomas: diarreia, febre e vômito. O dado confronta o divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que aponta 13 vítimas.

     

    Entretanto, os indígenas apontam que tomam como base não só o órgão do Ministério da Saúde, mas também as informações de vítimas que não chegaram ao Pólo de Saúde.

     

    “Tem outra criança que está na UTI e o estado dela é de gravidade. Como eu tenho dito, registramos casos de crianças que morreram nas aldeias destes mesmos sintomas”, frisa Ninawá Huni Kuin, conselheiro de saúde.

     

    O Ministério da Saúde deslocou uma equipe de Brasília (DF) para o Acre com o intuito de investigar de forma mais detalhada a doença, mas Ninawá informa que os agentes ainda não chegaram. Mais de 20 aldeias já foram atingidas entre as comunidades indígenas do Alto Rio Purus, Alto Rio Envira e Alto Rio Inauini – com distância entre si que chegam a mil quilômetros.

     

    Rotavírus

    As suspeitas recaem sobre uma epidemia de rotavírus. No entanto, as autoridades não confirmam. “Até o momento, não foi confirmado caso ou óbito por rotavírus ou outra doença nas comunidades indígenas da região de Santa Rosa do Purus”, diz nota divulgada nesta quinta-feira (19) pela Sesai.

    “Estamos com muita dificuldade para acessar informações. Essa criança morreu e logo o corpo foi levado para a aldeia”, destaca o missionário Lindomar Padilha, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

    Conforme dados da Agência Brasil, de 1º a 18 de janeiro, 70 crianças indígenas foram identificadas com doença diarreica aguda. Em dezembro de 2011, foram dez mortes. Até a última terça-feira (17) o governo federal confirmava oito mortes, mas passou a falar em 13 óbitos nessa sexta-feira.

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  • 20/01/2012

    Aldeia indígena atacada três vezes por pistoleiros pode ser novamente despejada

    Na última vez que foram desalojados, a aldeia inteira ficou na beira da estrada que liga Dourados ao município de Rio Brilhante por um ano e sete meses. O saldo deste período foi a morte de cinco pessoas por atropelamento e de um bebê de seis meses com água envenenada. Em maio de 2011, os guarani-kaiowá decidiram retornar à sua moradia e reocuparam uma parte do terreno. Desde então as liminares de despejo são utilizadas como forma de pressão.

     

    Por Fábio Nassif, da aldeia Arroyo Corá, em Paranhos (MS)

     

    Paranhos (MS) – Uma porteira, uma cerca de arame farpado e um mar de soja. O caminho de terra atravessa a plantação até as primeiras casas (Oypysy). A casa grande (foto) reúne as lideranças, as crianças e as rezas. A vida na aldeia Laranjeira Nhanderu concentra um histórico de idas e vindas jurídicas e políticas dos guarani-kaiowá que, além de enfrentar o desafio de sobreviver com políticas assistenciais, sofrem com a violência do agronegócio do Mato Grosso do Sul.

     

    Os indígenas não titubeiam em afirmar que aquela terra lhes pertence. O cacique Faride Lima, que vive no local, conta que o nome da aldeia tem origem nos seus antepassados e que para os guarani-kaiowá é fundamental viver sobre este mesmo solo. Mas, na justiça que os não-índios mandam – e criaram, segundo a perspectiva histórica dos indígenas – a disputa pela terra é muito desigual.

     

    Na última vez que foram desalojados, a aldeia inteira ficou na beira da estrada que liga Dourados ao município de Rio Brilhante por um ano e sete meses. O saldo deste período, além das péssimas condições de vida, foi a morte de pessoas de 22, 19, 16, 15 e 8 anos por atropelamento e de um bebê de seis meses com água envenenada. Em maio de 2011, os guarani-kaiowá decidiram retornar à sua moradia e reocuparam uma parte do terreno. Desde então as liminares de despejo são utilizadas como forma de pressão. Na visão do próprio cacique Faride, "usam a justiça, que nós não temos domínio nem acesso, para que o nosso povo não se organize e não lute".

     

    A primeira vez que foram retirados de suas terras aconteceu em 1920, quando o então órgão do governo, Serviço de Proteção ao Índio (SPI), tinha como projeto a ?integração dos índios à civilização?. Para isso, colocaram o povo guarani-kaiowá em terras reservadas. Na avaliação das lideranças guarani-kaiowá, essa política acabou excluindo os índios. A idéia de retirá-los de sua terra de origem os fez sofrer situações semelhantes aos não-índios pobres e os distanciou de sua cultura. Quando voltaram às terras originais, em 2007, eles encontraram tudo completamente ocupado pelo agronegócio.

     

    Desde então, a aldeia já foi atacada três vezes por pistoleiros. Nos despejos, suas casas forradas com sapê são queimadas. Para eles, isso não é apenas um ataque a seu patrimônio, mas uma forma de atingir a cultura que faz daquela uma terra indígena. Hoje, apesar da reivindicação de 11 mil hectares, a área está em litígio, aguardando julgamento.

     

    O geógrafo Eduardo Carlini afirma que a situação da aldeia Laranjeira Nhanderú é muito preocupante. Em sua opinião, a discussão sobre as demarcações das terras indígenas são frequentemente distorcidas. "Não estamos falando de um modo de vida camponês tradicional, propriamente dito. A caça, o extrativismo e a relação com a vegetação desses povos exigem que a decisão sobre o tamanho necessário da terra para a sua sobrevivência e manutenção cultural seja deles mesmos", disse o membro da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Ele faz parte da Expedição Marco Verón, que está visitando até o dia 25 diversas aldeias do Estado para registrar a situação de vida dos guarani-kaiowá e as ameaças de morte às suas lideranças.

     

    Na quarta-feira (18), funcionários da FUNAI/MS fizeram ligações para lideranças da aldeia Laranjeira Nhanderu que se encontravam em reunião no território indígena Arroyo Corá (no município de Paranhos, a poucos quilômetros da fronteira com o Paraguai), para informar que a aldeia está com nova ordem judicial de despejo. Em outra ligação, a representante do órgão, Maria Aparecida (conhecida como Lia), manifestou seu desagrado com a matéria publicada pela Carta Maior no último dia 16. Na reportagem, ela afirmou que "o papel da Funai é mediar conflito entre os fazendeiros e os indígenas" e que em algumas áreas a Funai e a Polícia Federal não atuam devido ao poder e agressividade dos fazendeiros.

     

    O advogado Pedro Peruzzo, que contribui com a expedição, não encontrou informações no site do Superior Tribunal Federal e dos órgãos de justiça estaduais sobre o litígio.

     

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  • 19/01/2012

    MPF aciona União por danos morais aos índios Tupinambá de Olivença

    O prazo para demarcação de terras venceu há mais de 18 anos e a Funai, que iniciou os trabalhos a pedido dos índios desde 2003, ainda não delimitou a área, sujeitando a comunidade indígena à precariedade e à disputa constante de terras com fazendeiros da região.

     

    Buscar reparação à comunidade indígena Tupinambá de Olivença pela aflição e sofrimento em função da abusiva demora na demarcação de suas terras. Esta é a intenção do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) ao propor, nesta quarta-feira (16), ação de indenização por danos morais à União. O MPF em Ilhéus pede um milhão de reais pelo atraso de 23 anos no cumprimento da lei e pela demora, de oito anos, da Fundação Nacional do Índio (Funai) em demarcar as terras, localizadas nos municípios de Ilhéus, Buerarema, Una, São José da Vitória e Belmonte, no sul da Bahia.

     

    O artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determina o prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição, para a conclusão da demarcação das terras indígenas. Segundo a ação proposta pelo procurador da República Eduardo El Hage, passados mais de 23 anos, os Tupinambás de Olivença continuam sem a definição de seu território, situação que acabou “conduzindo os indígenas a situação de extrema aflição, na medida em que não lhes é assegurado o direito a ocupar porções de terra que são tradicionalmente suas”.

     

    De acordo com o inquérito conduzido pelo MPF, a Funai tem conhecimento da existência da Terra Indígena Tupinambá de Olivença pelo menos desde o ano de 1996. Em 2000, o órgão assinalou a intenção de realizar os estudos necessários para a demarcação do território indígena. Embora tenha iniciado as visitas à área em 2001, a Funai informou sobre a formação do grupo de trabalho composto para a atividade apenas em 2003. Nos anos de 2005 e 2006, o órgão informou que havia prorrogado o prazo para entrega do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da terra Indígena Tupinambá, e apenas em 2008 constituiu um novo grupo para dar andamento ao documento, que resultaria na demarcação. O relatório foi concluído em 2009, mas até o momento as terras não foram demarcadas.

     

    Sem o território definido legalmente, a população indígena local vive em condições precárias de moradia e saúde, sem área suficiente para o cultivo de alimentos que proporcione sua subsistência. “A ineficiência dos trabalhos de demarcação, que se protraem no tempo, encerra verdadeira insegurança jurídica à comunidade Tupinambá, o que, inclusive, é demonstrada pelo aumento do número de ações possessórias ajuizadas por fazendeiros, sendo que a Justiça, de forma geral, tem concedido liminares e sentenças em favor deles, fundamentadas, inclusive, no fato da terra indígena ainda não ter sido demarcada” – afirma o procurador, no curso da ação.

     

    O MPF/BA requer a condenação da União ao pagamento de um milhão de reais a título de danos morais coletivos, e que a indenização seja revertida em investimentos diretos em políticas públicas destinadas aos indígenas da etnia Tupinambá.

     

    Número do processo para consulta na Justiça: 261-68.2012.4.01.3301 (Subseção Judiciária de Ilhéus).

     

    Assessoria de Comunicação

    Ministério Público Federal na Bahia

    Tel.: (71) 3617-2299/ 2474/ 2295/ 2200

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