El Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil – datos de 2019, publicado anualmente por el Conselho Indigenista Missionários(Cimi), confirma la imagen de una realidad extremamente perversa y preocupante para los pueblos indígenas de Brasil durante el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro en la Presidencia del país. La intensificación de las expropiaciones de tierras indígenas a través de la invasión, de la ocupación ilegal por parte de extraños a la comunidad y del loteamiento se consolida de forma acelerada y agresiva en todo el territorio nacional, causando una destrucción incalculable.

Además de concretar y garantizar el reconocimiento de un derecho originário, se ha demostrado que las tierras indígenas son las áreas que más protegen las florestas y sus ricos ecosistemas. A lo largo de la Historia, la presencia de los pueblos dentro de sus territorios ha servido como verdadera barrera al avance de la deforestación y de los otros procesos de expropiación. A pesar de esto, los datos de 2019 muestran que los pueblos y sus territorios tradicionales están siendo, explícitamente, usurpados.

La “explosión” de incendios criminales que devastaron los ambientes de la Amazonía y el Cerrado en 2019, y que tuvieron amplia repercusión internacional, deben ser comprendidos en esta perspectiva más amplia de despojo de los territorios indígenas. Muchas veces, los incendios son parte de un esquema criminal de ocupación ilegal, en el que la “limpieza” de amplias áreas de floresta es realizada para permitir la instalación de grandes emprendimientos agrícolas, por ejemplo. De una forma resumida se puede describir esta cadena de la siguiente forma: los invasores deforestan, venden la madera, prenden fuego en el resto de la vegetación, inician el plantío de pastos para el ganado, cercan el área y, finalmente, con el terreno “limpio”, sueltan el ganado y, posteriormente, plantan granos como la soya o el maíz.

Infelizmente, la violencia practicada contra los pueblos indígenas encuentra su fundamento en un proyecto de gobierno que pretende poner las tierras indígenas y sus bienes naturales a disposición de empresarios de la agroindustria, la minería o las madereras, entre otros.

El Informe destaca que, en 2019 hubo un aumento de casos en 16 de las 19 categorías de violencia sistematizadas por la publicación. Llama la atención especialmente el aumento de referencias en la categoría “invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio” que, de 109 casos registrados en 2018 saltó para 256 casos en 2019.

En consonancia con la realidad, estos datos describen una tragedia sin precedentes en el país: las tierras indígenas están siendo invadidas de forma ostensible y diseminada de Norte a Sur. En algunas situaciones descritas en el Informe, los propios invasores mencionaban el nombre del Presidente de la República, confirmando que sus acciones criminales son incentivadas por aquel que debería cumplir la obligación constitucional de proteger los territorios indígenas, patrimonio del país.

Es lamentable constatar que el número de casos prácticamente duplicó, en comparación con 2018, en otras cinco categorías, más allá de “invasiones/explotación ilegal de recursos/daños”. Esto es lo que se confirma en: “conflictos territoriales”, que pasó de 11 para 35 casos en 2019; “amenazas de muerte”, que pasó de 8 para 33 casos; “amenazas varias”, que fue de 14 a 34 casos; “lesiones corporales provocadas”, que casi triplicó el número de referencias, de 5 para 13; y las “muertes por inasistencia”, que de un total de 11 en 2018 fue para 31 casos en 2019.

Violencia contra el patrimonio

En relación a los tres tipos de “Violencia contra el patrimonio”, que se recogen en el primer capítulo del Informe, fueron registrados los siguientes datos: omisión y demora en la regularización de las tierras (829 casos); conflictos relacionados con derechos territoriales (35 casos); e invasiones posesorias, explotación ilegal de bienes naturales y diversos daños al patrimonio (256 casos registrados); llegando al total de 1.120 casos de violencia contra el patrimonio de los pueblos indígenas en 2019.

Se debe enfatizar que de las 1.298 tierras indígenas en Brasil, 829 (63%) presentan algún tipo de pendencia por parte del Estado para la conclusión del proceso administrativo de demarcación y el registro como territorio tradicional indígena en la Secretaria de Patrimônio da União (SPU). De estas 829 tierras, un total de 536 tierras (64%) ni siquiera tuvo ninguna providencia adoptada por el Estado.

Además de cumplir con su promesa de no regularizar ni un centímetro de tierra indígena, el gobierno Bolsonaro, a través del Ministerio de la Justicia, devolvió 27 procesos de demarcación a la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), durante el primer semestre de 2019, para que fuesen revisados. Esta medida evidentemente trajo mayores obstáculos, si no impidió directamente, al cumplimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas que reivindican sus territorios tradicionales.

solamente durante el año pasado hubo un aumento de 134,9% de los casos relacionados con invasiones en comparación con los datos registrados en 2018

Denisa Sterbova/Cimi

Como ya mencionamos anteriormente, en 2019 se registraron 256 casos de “invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio” en, por lo menos, 151 tierras indígenas, pertenecientes e 143 pueblos y localizadas en 23 estados. Confirmando los datos preliminares que el CIMI presentó en septiembre de 2019, durante el lanzamiento del Informe anterior, estos datos revelan una realidad extremamente preocupante: solamente durante el año pasado hubo un aumento de 134,9% de los casos relacionados con invasiones en comparación con los datos registrados en 2018. Esto representa más del doble de los 109 casos registrados en 2018.

Un análisis más detenido de las fichas descriptivas de cada uno de estos 256 casos muestra que en la mayoría de las situaciones de invasión/explotación/daño hubo la confirmación de más de un tipo de daño/conflicto, llegando al total de 554 referencias. Es posible hacer una descripción más detallada de los 256 casos de acuerdo con las siguientes causas de la violencia:

Debemos destacar, aún, que estos 256 registros incluyeron 107 casos de daños al medio ambiente (77) y daños al patrimonio (30), denunciados por los pueblos indígenas en sus tierras.

La enorme repercusión del asesinato de Paulo Paulino Guajajara en una emboscada por parte de invasores dentro de la Tierra Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão, en noviembre de 2019, mostró una vez más que la situación de tensión en ese estado alcanza niveles alarmantes

Tiago Miotto/Cimi

Violencia Contra la Persona

De forma sistemática, las diferentes violencias contra los pueblos indígenas y sus comunidades están relacionadas a la disputa por la tierra. En el segundo capítulo, “Violencia contra la Persona” se registraron los siguientes datos en 2019: abuso de poder (13); amenazas de muerte (33); racismo y discriminación étnico-cultural (16); intento de asesinato (25); y violencia sexual (10); llegando al total de 277 casos de violencia practicadas con la persona indígena en 2019. Este número es más que el doble del total registrado en 2018, que fue de 110 casos.

El registro total de 113 indígenas asesinados en 2019, según los datos oficiales de la Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), es un poco menor que el total contabilizado en 2018, que fue de 135. Los dos estados que tuvieron el mayor número de asesinatos registrados fueron Mato Grosso do Sul (40) y Roraima (26). Es necesario destacar que los datos ofrecidos por la SESAI sobre “muertes resultado de agresiones” no permiten análisis más profundas pues no presentan informaciones sobre la franja de edad, el pueblo al que pertenecían las víctimas ni las circunstancias de estos asesinatos. Ellos están aún sujetos a revisión, lo que significa que la cantidad de casos puede ser mayor.

Infelizmente, se constata que en 2019 la población indígena de Mato Grosso do Sul (segunda mayor del país) continuó siendo objeto de ataques violentos y constantes, incluyendo registros de prácticas de tortura, incluso de niños.

La enorme repercusión nacional e internacional del asesinato de Paulo Paulino Guajajara en una emboscada por parte de invasores dentro de la Tierra Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão, en noviembre de 2019, mostró una vez más que la situación de tensión en ese estado alcanza niveles alarmantes. Los territorios tradicionales de Maranhão, invadidos y saqueados desde hace décadas, reflejan una realidad que se extiende y se agrava por todo el país.

Overflight records areas of illegal mining within the Munduruku Indigenous Land in Pará in September 2019. Christian Braga/Greenpeace

Violencia por Omisión del Poder Público

Hubo un aumento en los registros de todas las categorías de este tercer capítulo del Informe, resultando en un número total de 267 casos de “violencia por omisión del poder público”.

Con base en la Ley de Acceso a la Información, el CIMI obtuvo de la SESAI datos parciales de suicidio y mortalidad infantil. Fueron registrados 133 suicidios en todo el país en 2019; 32 más que los casos registrados en 2018. Los estados de Amazonas (59) y Mato Grosso do Sul (34) fueron los que más casos registraron.

También constatamos un incremento en los números de “mortalidad infantil” (de 0 a 5 anos) que aumentaron de 591 en 2018 hasta 825 en 2019. Destacan los registros de 248 casos em Amazonas, 133 em Roraima y 100 em Mato Grosso. Así como en el caso de las muertes por asesinato, las informaciones de la SESAI sobre los casos de suicidio o mortalidad infantil son parciales y están sujetos a actualizaciones. Es decir, estos datos pueden llegar a ser aún más graves.

Los datos en las otras categorías de este capítulo en 2019 fueron: inasistencia general (65); inasistencia en el área de la educación escolar indígena (66); inasistencia en el área de salud (85); diseminación de bebida alcohólica y otras drogas (20); y muerte por inasistencia en salud (31).

Caci: 1,193 asesinatos mapeados

La Plataforma CACI, un mapa digital que reúne las informaciones sobre los asesinatos de indígenas en Brasil, fue actualizada con los datos sistematizados por este Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil. La palabra Caci significa “dolor” en Guarani y sirve también como sigla Cartografia de Ataques Contra Indígenas – CACI. Con la inclusión de los datos de 2019, la Plataforma consiguió ya reunir informaciones georeferenciadas sobre 1.193 asesinatos de indígenas, según datos compilados desde 1985.

Errata: el día 9 de octubre se realizaron dos actualizaciones en este Resumen Ejecutivo: 1. El total de casos de “intento de asesinato” pasó de 24 para 25; 2. El total de casos de violencia practicada contra individuos indígenas aumentó de 276 a 277.

Texto traducido del original por Luis Ventura Fernández