Hombres y mujeres de movimientos, organizaciones sociales y políticas de América Latina, el Caribe y Europa, nos dimos cita en Viena, entre los días 10 y 13 de mayo de 2006, para expresar nuestra oposición y resistencia a las políticas neoliberales de libre comercio que gobiernos de ambas regiones implementan en nuestros países y que proponen como marco de un nuevo Acuerdo de Asociación.  Manifestamos nuestro rechazo al intento de la UE de impulsar un Area de libre comercio para el conjunto de la región en 2010, así como la voluntad expresa de profundizar los acuerdos ya existentes con México y Chile, concretar un acuerdo de la misma naturaleza con Mercosur, y promover acuerdos similares con Centroamérica y la Región Andina. Nos dimos cita, también, para avanzar en la construcción de un diálogo político y social entre los pueblos porque reivindicamos nuestro derecho a plantear las alternativas y creemos en nuestra capacidad para formularlas.

La resistencia popular crece en América Latina y el Caribe, frente a la política agresiva y expoliadora de los Estados Unidos, y hoy tenemos que añadirle la resistencia ante los intentos de imposición de la política neoliberal por parte de la Unión Europea, ej de ello es el rechazo popular a la Constitución Europea, neoliberal y militarista, por parte de los pueblos francés y holandés, la resistencia de los pueblos europeos frente a las políticas neoliberales de sus propios gobiernos y especialmente de las instituciones comunitarias que desmantelan las conquistas sociales y los sistemas de protección públicos. Frente a este crecimiento de la resistencia popular la respuesta de los gobiernos es la criminalización del movimiento social. Impulsamos la mundialización de la resistencia popular y social, de todas(os) y aquellas(os)  que desde la exclusión, el desempleo, la marginación o la opresión directa nos aliamos para detenerla y plantear un mundo distinto.

Las preocupaciones que nos hicieran reunirnos en Rio y Madrid, y que finalmente dieron origen al primer encuentro social Enlazando Alternativas en Guadalajara, en Mayo de 2004, siguen hoy día vigentes, tanto en América Latina como en la Unión Europea.

Las enseñanzas que acumulamos tras 10 años de NAFTA y 6 años de Acuerdo de Asociación con la Unión Europea son suficientemente claras, para fundamentar nuestro posicionamiento político frente al libre comercio basado en el secreto y la asimetría de la relación entre actores pobres y ricos. 

Ejemplo de ello son los procesos de desindustrialización y de desmantelamiento de los sectores públicos de servicios que ha colocado a América Latina en una situación crónica de pobreza y exclusión social. Esta misma ola neoliberal en Europa, se expresa a través de  la Directiva Bolkestein que impulsa la liberalización de los servicios, la presión a la baja de los estándares laborales, la crisis del estado social, la amenaza a sus agricultores y agricultoras, a la soberanía alimentaria, y la generación de un clima hostil en el que proliferan la desintegración social, la xenofobia, la violencia de género, la violencia urbana y otros síntomas, estos son los resultados más visibles de una crisis global a la que nos han arrojado estos años del Consenso de Washington.

Cuestionamos el rol de las transnacionales europeas en América Latina. Estas lejos de ser un factor de desarrollo y paz social, han dado lugar a conflictos masivos especialmente entre usuarias(os) de servicios públicos poniendo en riesgo el acceso a servicios básicos (como agua, electricidad, telefonía), han estimulado el saqueo y la extracción indiscriminada de recursos naturales, generando una degradación del medio ambiente. Los efectos negativos de este modelo serán profundizados con la implementación de acuerdos de liberalización  comercial y grandes proyectos de infraestructura, como la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana(IIRSA) y el Plan Puebla Panamá(PPP).

Con respecto al agua, derecho humano y bien común de la humanidad, los procesos de privatización de los sistemas públicos en distintos países y regiones de América Latina, les ha abierto a las transnacionales y corporaciones europeas, una gran oportunidad de incrementar sus ganancias, y al mismo tiempo socavar el poder de decisión de los pueblos sobre sus territorios y sus vidas. Tanto en América Latina como en Europa, la privatización aumentó enormemente las tarifas, ha deteriorado el sistema hídrico y bajó el nivel de vida de las y los ciudadanos(as) y de los(as) trabajadoras(os)

Las empresas transnacionales petroleras de Europa, han expropiado las riquezas hidrocarburíferas de los países latinoamericanos por décadas, ejerciendo un saqueo sobre sus recursos, destruyendo a sus pueblos, comunidades y medioambiente. Toda relación entre Latinoamérica y la Unión Europea, tiene que basarse en el respeto a la soberanía de los pueblos, el respeto a sus recursos y a los procesos de renacionalización de los hidrocarburos que se han iniciado en la región.

El acceso a la tierra es un derecho humano fundamental, así como la defensa de la propiedad colectiva de las tierras de campesinos(as), campesinas e indígenas, amenazada hoy día por los programas de titulación individual de organismos internacionales. Nos pronunciamos por el impulso de la reforma agraria, ratificamos que los recursos naturales y el conocimiento tradicional son patrimonio de los pueblos, así como nuestra biodiversidad. Son bienes comunes que no pueden comercializarse. Estamos en contra de los cultivos transgénicos así como en contra del modelo agroexportador que promueve la expulsión de poblaciones enteras y arruina las economías campesinas. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como otras entidades bancarias europeas están demostrando un interés creciente en la financiación de inversiones en América Latina, cuya actuación pone en duda los alcances y beneficios reales para los pueblos de América Latina de la ayuda financiera que puedan brindar estos bancos.

En este escenario de estrategias neoliberales promovidas desde los gobiernos europeos y latinoamericanos e impulsadas por sus corporaciones, se desarrolla la Cumbre de Presidentes América Latina y  Unión Europea, que vuelve a repetir una agenda plagada de promesas vacías, que enmascaran la verdaderas intenciones de acelerar acuerdos de libre comercio bi-regionales. Al mismo tiempo, la Unión Europea prosigue los procesos de ampliación de sus estados miembros basados más que nada en una orientación neoliberal que no puede sino provocar nuevas y más profundas crisis en su interior.    

Con respecto a la posibilidad de un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, señalamos que para que sea justo y beneficioso para nuestros pueblos debe salirse del modelo y las reglas de un tratado de libre comercio; No queremos “libre comercio” entre Europa y América Latina. Queremos relaciones comerciales, y promover espacios de cooperación entre ambas regiones, que favorezcan el bienestar de nuestros pueblos, la soberanía de nuestros países, el respeto a la diversidad cultural y que no sean depredadores de nuestro entorno ambiental. Nos oponemos a una agenda de libre comercio al servicio de los intereses de las compañías transnacionales europeas y de las élites exportadoras de América Latina.

El diálogo político y cooperación que se plantea, lo consideramos sin contenido. La confluencia de interés entre la mayoría de los gobiernos de América Latina y la Unión Europea y las transnacionales queda clara con la realización del foro empresarial que tuvo lugar durante la cumbre y las relaciones privilegiadas que allí se fijaron. No son los Gobiernos Europeos los más indicados para hablar de cohesión social en la etapa actual de Europa Para hablar de diálogo político deben de crearse las condiciones de una participación real de los movimientos sociales, no puede restringirse simplemente a espacios de consulta. La cooperación debe ser un instrumento en beneficio de nuestros pueblos y no como actualmente un instrumento agresivo basado en una retórica mercantil que facilita el saqueo y control de nuestros territorios, recursos y servicios públicos.   

La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las politicas neoliberales y las transnacionales europeas en Latinoamérica dejaron en claro la naturaleza sistémica de la actitud de las transnacionales, su vínculo con la creación de leyes que las protegen y el estímulo de los organismos internacionales como la OMC, el BM y el FMI,  para la facilitación y garantía de sus ganancias. Mientras que del lado de los usuarios, consumidores, trabajadores y público en general, la indefensión y violación de sus derechos es la lógica dominante. Por tanto, consideramos de primordial importancia promover la creación de un espacio bi-regional de vigilancia, denuncia y lucha contra las compañías transnacionales,  con el fin de detener sus arbitrariedades producto de su poder  a escala global.    

La seguridad en el mundo post guerra fría no se resuelve con la apelación vacía a la contraposición unipolarismo vs multipolarismo. La misma, oculta un juego perverso que combina la condescendencia implícita a las políticas guerreristas con el apoyo abierto o el rechazo pactado a las mismas. El resultado de esta práctica unipolar ha dejado miles de víctimas en todo el mundo y la quiebra de la propia promesa de paz con la guerra ilegal a Irak y la inminente posibilidad de una guerra de mayor escala con Irán. América Latina no puede obviar las políticas neocoloniales presentes en los acuerdos planteados por la Unión Europea en función de estos cálculos geopolíticos donde nuestros países ni siquiera cuentan.

Propugnamos además por un sistema multilateral económico que regule los flujos de capital que estimule la complementariedad de las economías, que promueva reglas claras y justas de intercambio comercial, que deje por fuera los bienes públicos, que permita cerrar las brechas económicas entre el Sur y el Norte, incrementadas por una deuda externa en constante aumento; hablamos de un sistema multilateral que obviamente no es la Organización Mundial del Comercio. 

Nos preocupa que la profundización de las actuales asimetrías económicas lleve a nuestras regiones a escenarios en los que la pérdida del empleo genera migración por un lado y rechazo a la misma por el otro. Son escenarios que, estimulados por la paranoia terrorista alimentada y provocada por algunos gobiernos europeos, conducen a la desintegración y la violencia social, a la criminalización del trabajador y la trabajadora migrante por un lado y a la pérdida de la solidaridad social por el otro. Exigimos el respeto de los y las trabajadoras(es) migrantes y el inmediato reconocimiento de sus derechos civiles, sociales y políticos, así como el cierre de todos los centros de detención de migrantes.

Exigimos el respeto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, también el derecho de las mujeres y la juventud contra la exclusión social, consideramos de primordial importancia el revertir la feminización de la pobreza. Nos pronunciamos por una justicia que no promueva la impunidad para quienes han cometido delitos contra derechos fundamentales.

Condenamos el etnocidio y la militarización de los territorios indígenas. Exigimos el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, porque sólo el respeto a su autonomía y sus culturas permitirá que el planeta pueda gozar en el futuro de lo tesoros de los que son sus guardianes.

Abogamos por la desmilitarización de la lucha contra el narcotráfico, utilizada en muchas ocasiones como excusa para reprimir las luchas populares, y apoyamos la legalización del cultivo de hoja de coca y sus derivados para usos no narcóticos.  

Denunciamos y condenamos las posiciones de la Unión Europea que se pone al servicio de la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba, condenamos las leyes de extraterritorialidad como la Ley Helms Burton y exigimos el reconocimiento y respeto a la libre determinación del pueblo cubano en la construcción de su propio modelo político, económico y social.

Nos pronunciamos contra la privatización de la comunicación y la información y por la democratización de la misma, requerimos articular y desarrollar medios propios y solidarios que construyan ciudadanía y garanticen la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación, saludamos en ese sentido el surgimiento y consolidación de TELESUR.

Nos pronunciamos por el fin al mandato de fuerza de la ONU en Haití, que no hace sino reforzar la militarización de la región en vez de contribuir a su desarrollo.
En Colombia, reclamamos un acuerdo político para resolver el conflicto interno armado y la instauración de una paz con justicia social. Condenamos la impunidad y las recientes leyes de reinserción de paramilitares que la generalizan, como la mal llamada ley de “Justicia y Paz”. Al respecto, reclamamos el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas y el respeto a los derechos de las victimas a la verdad; la justicia y la reparación.
Exigimos y trabajamos juntos por la paz, la desmilitarización de las relaciones internacionales, el desarme, el desmantelamiento de las bases militares y el retorno de los efectivos militares a sus países de origen. Rechazamos la militarización y el complejo militar-industrial que sustentan el neoliberalismo.
Exigimos la suspensión de las preferencias arancelarias por parte de la Unión Europea a los países de América Central y la Región Andina que violen los derechos laborales y ambientales.

Reafirmamos como movimientos sociales de América Latina, el Caribe y la Unión Europea la voluntad de fortalecer la cooperación, coordinación y solidaridad en todas las luchas conjuntas en contra de la flexibilización laboral, por un empleo digno y de calidad, por  el control ciudadano de las corporaciones y multinacionales, contra las políticas neoliberales de los gobiernos, por la defensa y profundizacion de las conquistas sociales y laborales, por la renacionalización de nuestros recursos y reservas naturales y de los servicios públicos actualmente privatizados.

Frente a las prácticas instrumentadas desde la aplicación de políticas neoliberales, en América Latina se vienen dando muestras concretas de las voluntades en favor de una verdadera relación basada en la integración y la construcción de alternativas, como la iniciativa del ALBA impulsada fundamentalmente por los gobiernos de Venezuela y Cuba, o el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) propuesto por el Gobierno de Bolivia en su resistencia a los TLCs; que complementa esta corriente de transformación y apertura a una nueva etapa cargada de iniciativas soberanas y fundamentada en la cooperación y la solidaridad, ejemplo de ello. También reconocemos los esfuerzos por convertir el MERCOSUR en un espacio de integración viable y la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. En esta dimensión, los movimientos sociales latinoamericanos, caribeños y europeos, reconocemos estos esfuerzos y asumimos el compromiso de contribuir con el buen desarrollo de dichas iniciativas desde nuestra independencia e identidad propia como movimiento popular, confiados además en la construcción de un verdadero diálogo político que estimule el intercambio abierto y consecuente con dichos gobiernos.

Confiamos en que los nuevos aires que se expresan en un fuerte activismo y movilización de movimientos sociales en Europa y América Latina, en la irrupción de gobiernos transformadores como el de Venezuela y el de Bolivia, y otros gobiernos que en Latinoamérica se distancian de las políticas de libre comercio, contribuyan a profundizar las tendencias orientadas a revertir las actuales políticas neoliberales e iniciar el camino hacia un nuevo proceso de integración desde los pueblos.

Nuestro mayor logro en “Enlazando Alternativas 2” ha sido el de poner en evidencia la convergencia de nuestros análisis y acciones contra las políticas neoliberales y los gobiernos que las impulsan. Nosotros(as), mujeres y hombres de los movimientos y organizaciones sociales de Europa, América Latina y Caribe, nos comprometemos a seguir articulando iniciativas para, juntos, crear las condiciones de un mundo más justo y solidario.

1.       No a los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con América Latina y Caribe. No a este “ALCA” europeo, y a la creación de cláusulas de seguridad y militares para defender los intereses del capital.

2.      No a la profundización de los acuerdos de libre comercio con México y Chile  y a la concreción de Acuerdos de libre comercio  con Centroamérica, la Región Andina y el MERCOSUR.

3.      Si a la abolición de la deuda externa de América Latina y el Caribe con los países de la Unión Europea y el reconocimiento de la deuda histórica contraída. ¡No debemos, no pagamos!  ¡No somos deudores, somos acreedores!

4.      No al Tratado de Constitución Europea, No a la represión de las y los migrantes, No a la “Europa Fortaleza”, No a la Directiva Bolkestein, y a la privatización de los servicios públicos en la Unión Europea.’

5.      A fortalecer la unidad y confluencia bi-regional de los movimientos sociales de ambos continentes para alcanzar otro mundo posible, justo, equitativo, antipatriarcal y en paz con el planeta.