Cochabamba (Bolivia).- El colombiano Francisco Cortés Aguilar, conocido como “Pacho”, se encuentra detenido, sin sentencia, dos años en Bolivia.

 

El 10 de abril de 2003 – durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín- “Pacho” junto a los dirigentes cocaleros Claudio Ramírez de Los Yungas (La Paz) y Carmelo Peñaranda del Chapare (Cochabamba) y dos menores de edad fueron detenidos acusados de terrorismo, alzamiento armado, espionaje y narcotráfico.

 

A pesar del tiempo, ningún boliviano o boliviana que tuvo la oportunidad de ver ese fatídico día algún medio de comunicación comercial, debe olvidar el espectacular show mediático manejado por la misma DEA norteamericana para detener a los denominados “narcoterroristas”.

 

La participación de la DEA en ese operativo fue reconocida por el propio Viceministro de Gobierno, José Luis Harb: “Existen tratados, convenios y acciones conjuntas de lucha contra el terrorismo…La actividad terrorista tiene una acción de carácter extracontinental; por lo tanto, tenemos acuerdos para entendernos con cualquier país, no sólo con Estados Unidos”.

 

“Pacho” y los bolivianos detenidos, primero fueron acusados de ser miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de pertenecer orgánicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, al no encontrar ninguna prueba, les acusaron de formar grupos irregulares ligados al narcotráfico. En dos años, no se encontró prueba alguna.

 

En todo este período, el colombiano primero estuvo detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar en El Alto, por su salud deteriorada fue trasladado a la penitenciaría de San Pedro en La Paz y desde enero, previo el pago de una fianza económica, goza de libertad provisional en una vivienda particular -“la cárcel privada” como la denomina “Pacho- y que fue rentada por la Fiscalía de Distrito.

 

En su manifiesto “El arte de jugar con la libertad de los pobres”, el colombiano señala que al estar próximo a cumplir dos años como prisionero político-social continúa soportando la presión de los intereses capitalistas y politiqueros, que obedientes al imperio norteamericano hacen que Bolivia sea un país conducido por la herencia de gobiernos dictatoriales donde reina la injusticia y se afianza la corrupción y el narcoterrorismo de Estado.

 

“Hemos sido encarcelados de manera arbitraria e injusta, una investigación ajustada y acomodada a los intereses dictatoriales del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para luego hacer una acusación sin bases confiables e incluso comprando testigos en Colombia y Bolivia y ahora nos están obstaculizando la libertad y el derecho a un juicio justo en el marco de los derechos humanos.

 

“Nuestro caso, tiene para el imperialismo, una importancia enorme política y económica; por que es la única manera de mostrar al mundo la supuesta lucha contra el narcoterrorismo en Bolivia y así justificar las inversiones económicas y la militarización inmunizada y deshumanizada. Pues así se va legalizando la invasión, la penalización y criminalización de la vida social, en la estrategia de exterminar a los pueblos y adueñarse de la riqueza y patrimonio de la humanidad”, destaca en partes salientes del manifiesto.

 

Mientras que “Pacho” está detenido, el ex presidente Sánchez de Lozada y su ministro Sánchez Berzaín, se encuentran refugiados en Miami (Estados Unidos) acusados formalmente por la “justicia” boliviana por homicidio de 67 bolivianos y bolivianas, asesinados en octubre de 2003, durante la “Guerra del Gas”.

 

Cárcel privada

 

En una carta enviada al presidente Carlos Mesa, el colombiano le recuerda que en junio del año pasado, ante al arribo de una Misión Internacional de Vía Campesina y Derechos Humanos se conformó una comisión interinstitucional para revisar y vigilar su caso; sin embargo, no existe voluntad política ni acciones concretas de parte del gobierno.

 

“Le dirijo la presente con el objeto de solicitarle se constituya en visita oficial a la menor brevedad posible a fin de que pueda verificar nuestra situación de encarcelamiento, recibir en forma directa y verbal nuestra denuncia contra las autoridades judiciales y del Ministerio Público y elevar los correspondientes informes tanto a nivel nacional como internacional sobre la violación a mis derechos y las acciones contra quienes están permitiendo estas irregularidades y atropellos en contra de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales como a la vida, salud y seguridad, a emitir libremente mis ideas y opiniones, reunirme y asociarme para fines lícitos, al trabajo, a la educación, a la libre locomoción, a la propiedad privada y relación social, al ambiente natural, oportunidad a un juicio justo y a la defensa legítima en el marco de los derechos humanos y, en fin, a la libertad como derecho primario de todo ser humano”, señala.

 

Agrega que al ser trasladado de la cárcel pública de San Pedro, “a una cárcel privada, es decir a un domicilio que no me corresponde y mucho menos guarda las garantías necesarias para poder afrontar con dignidad el proceso, porque sencillamente fue contratada por el Ministerio Público, inmueble precario ubicado en la calle final Nicolás Acosta de la zona de Alto San Pedro de esta ciudad, en donde me encuentro encarcelado en peores condiciones de las que ya vengo sufriendo por todo este tiempo”.

 

En esa “cárcel privada” el colombiano vive custodiado las 24 horas con dos efectivos policiales que, según sus propios testimonios, deben conseguir el pan de cada día para sobrevivir.

 

La sentencia está dictada

 

Según los abogados del colombiano y del propio “Pacho”, aunque no se ha concluido el proceso, por la presión norteamericana y algunas instancias del gobierno, ya existe una sentencia dictada en su contra.

 

La imputación a “Pacho” incluía además a varios dirigentes cocaleros quienes hace pocos días fueron sobreseídos del caso. EL 21 de marzo, el fiscal René Arzabe solicitó el sobreseimiento para 22 dirigentes cocaleros imputados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, junto con el colombiano sean excluidos del caso porque “no se cuenta con suficientes elementos de prueba para sustentar en su contra una acusación”.

 

El sobreseimiento favorece a los dirigentes Delfín Olivera, Leonilda Zurita, Vicente Vigabriel, Modesto Condori, Julio César Salazar, Wilde Moscoso, Eusebio Rubios, Asterio Romero, William Condori Quiroz, Isidro Daza, Samuel Chacón, Justino Villca, Tomás Inturias, Martha Gonzales, José Vallejos, Genaro Moscoso, Albino Paniagua, Rimer Ágreda, Leonardo Marca, Domingo Flores, Lino Flores y Máximo Romero.

 

El único proceso que falta es contra el colombiano Cortés y los campesinos bolivianos Carmelo Peñaranda, Claudio Ramírez, Daniel Escóbar y otros 12 cocaleros.

 

El lunes 4 de abril se postergó el juicio oral indefinidamente en virtud de una recusación presentada por Daniel Escóbar contra los jueces Carlos Blanco y Nancy Altuzarra por considerar que ambos ya están predispuestos a fallar en su contra.

 

Apoyo internacional

 

En los dos largos años, varias organizaciones que realizan trabajo social como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, el Parlamento Europeo y muchas otras participaron activamente en una campaña por la libertad de Francisco Cortés porque conocen de su trayectoria como ejemplar defensor de los derechos humanos.

 

“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la injusta detención de Francisco Cortés, líder campesino y defensor de los derechos humanos en Colombia, preso político en Bolivia, porque es un hecho violatorio en el que incurrieron las autoridades bolivianas al tratar de criminalizar los movimientos sociales de América Latina”, aseguraron en un comunicado.

 

Según estas organizaciones en el período de la detención de Cortés se produjeron una serie de irregularidades y de errores procedimentales como violaciones a los derechos humanos, ya que los presos políticos fueron sometidos a tratos crueles y degradantes por parte de funcionarios encapuchados, quienes vulneraron el derecho a la intimidad al ser sacados violentamente de sus dormitorios, semidesnudos, amarrados y vendados.

 

El abogado defensor, Andrés Zúñiga, señala que en todo este tiempo de reclusión, no se pudo comprobar ninguna de las acusaciones contra “Pacho” por lo que le corresponde la libertad, pero una libertad pura y simple, no condicionada.

 

Penalizar las protestas

 

Según Cortés, el gobierno estadounidense en su falsa lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico trató de involucrarlo con actos irregulares en su objetivo de criminalizar a los movimientos sociales del continente y del mundo.

 

Pese a los dos años de privación de su libertad, “Pacho” asegura sentirse con la conciencia tranquila porque no se considera “narcoterrorista” sino defensor de los derechos humanos.

 

De acuerdo a diversas versiones, en este tiempo de detención, el colombiano se destacó por defender los derechos de sus compañeros. Fue representante de todos los reclusos -tanto de la cárcel de Chonchocoro como de San Pedro- y ahora conformó una Red Mundial de Presos Políticos para que desde esa instancia se pueda defender los derechos de quienes son acusados injustamente por el sistema.

 

“No he podido comprender en Bolivia ni la administración de esta injusticia, ni la defensa y aplicación de los derechos inhumanos; tampoco entiendo qué diferencia hay entre oposición política popular con la fuerza política neoliberal, cuando todo el manejo se mueve a base de componendas políticas, económicas e incluso hasta negocian los derechos humanos y el patrimonio social del pueblo, en donde las cúpulas y caudillos cada vez más se reacomodan, sin importarles tengan que violar las leyes o pasar por desapercibido el clamor de los pueblos más pobres.

 

“Me preocupa cómo las cárceles en el mundo se siguen llenando de pobres y sobre todo ahora hay una tendencia de prisioneros político-sociales que por el hecho de levantar la voz, denunciar las injusticias o de luchar por dignidad y libertad o por exigir trabajo, educación, salud, tierra, garantías de vida, etc. somos encarcelados por quienes manejan los poderes o aplican la justicia a favor del neoliberalismo, mientras tanto los potentados que masacran a los pueblos, saquean las riquezas, roban el presupuesto estatal, explotan a campesinos, trabajadores, soldados, policías y en general a los pueblos proletarios son excarcelados o exonerados de cualquier delito y por el contrario se le premia con altos cargos o se les larga a disfrutar de su buen motín a otros países. ¡que justicia! quienes somos los castigados y quienes son los premiados… por eso, no dejamos de ser seguidores de Cristo, por ello nuestro sacrificio de persecución, humillación , amenazas, torturas y prisión debe servir para fortalecer la lucha y así nos crucifiquen, es mejor morir de pie antes que esclavos vivir o dejar un mundo desgraciado a nuestras futuras generaciones”, destaca en partes salientes de su comunicado.

 

Francisco Cortés Aguilar, más conocido como “Pacho” con total convicción y pese a los dos años de detención afirma: “Este es un juicio político impuesto desde Estados Unidos por los intereses que tiene en Bolivia y Latinoamérica; por eso mi lucha continuará hasta que conseguir mi libertad absoluta, no soy terrorista ni narcoterrorista, soy inocente, he sido y siempre seré defensor de los derechos humanos”.