Las disputas en torno a los derechos indígenas en los Tres Poderes de la República tuvieron su reflejo en un escenario de continuidad de las violencias y agresiones contra los pueblos originarios y sus territorios en 2023. El primer año del nuevo gobierno federal fue marcado por la reanudación de acciones de fiscalización y por la represión a las invasiones en algunos territorios indígenas, pero la demarcación de tierras y las acciones de protección y asistencia a las comunidades permanecieron insuficientes. El ambiente institucional de ataque a los derechos indígenas estuvo acompañado, en las diversas regiones del país, por la continuidad de invasiones, conflictos y acciones violentas contra comunidades y por la permanencia de altos índices de asesinatos, suicidios y mortalidad infantil entre estos pueblos. Estas fueron las constataciones del informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil – datos de 2023, publicación anual del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

El año 2023 empezó con grandes expectativas con relación a la política indigenista del tercer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No solamente porque la nueva gestión reemplazaba a un gobierno abiertamente anti-indígena, sino también porque el tema tuvo una posición central en los discursos y declaraciones realizadas por el nuevo dirigente desde la campaña electoral.

Este contexto se reflejó en la constatación de pocos avances en la demarcación de tierras indígenas y en la continuidad de casos de invasión, daños al patrimonio indígena y conflictos relativos a derechos territoriales

Este cambio fue representado simbólicamente por la presencia del líder Kayapó Raoni en la toma de posesión del nuevo presidente. La creación del inédito Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) y el nombramiento de líderes indígenas para la jefatura de la nueva etapa de la Funai – nombrada ahora como Fundación Nacional de los Pueblos indígenas – y de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) completaron el ambiente de esperanzas renovadas.

Ya en el inicio del año, la situación del pueblo Yanomami – denunciada hace mucho tiempo de manera recurrente – causó enorme conmoción. Después de años de abandono y de omisión activa por pate de los gobiernos anteriores frente a la presencia ilegal de mineros en la Tierra Indígena (TI), el pueblo fue llevado al extremo de vulnerabilidad. La declaración de Emergencia Nacional de Salud y el inicio de una gran operación de desintrusión en aquel territorio señalaban hacia un cambio efectivo en relación a la política indigenista.

Sin embargo, la realidad política se impuso. El Congreso Nacional actuó para vaciar el MPI y atacar a los derechos indígenas, especialmente mediante la aprobación del Proyecto de Ley (PL) 490/2007, transformado, al final del año, en la Ley 14.701/2023. El Poder Legislativo actuó en clara contraposición al Supremo Tribunal Federal (STF), que, tras años de tramitación, concluyó el juicio del caso de repercusión general que discutía la demarcación de tierras indígenas con una decisión favorable a los pueblos indígenas.

La Corte Suprema reconoció los derechos indígenas como “cláusulas pétreas” de la Constitución Federal – es decir, que no pueden ser alteradas o restringidas – y declaró inconstitucional la tesis del marco temporal. Esta tesis, que desde hace años amenaza a los pueblos originarios, pretende establecer que solo podrían ser demarcadas las tierras que estuvieran en posesión de los pueblos indígenas o en disputa comprobada en la fecha de promulgación de la Constitución, 5 de octubre de 1988.

En sentido totalmente opuesto a la decisión de la Corte Suprema, el Congreso Nacional incluyó en la ley 14.701 el marco temporal como criterio para la demarcación de tierras indígenas, aparte de un conjunto de dispositivos legales que, en la práctica, buscan inviabilizar nuevas demarcaciones y abrir las tierras ya demarcadas a la explotación económica destructiva. El veto parcial de Lula al Proyecto de Ley fue negado por el Congreso con el apoyo de gran número de votos de partidos que detentan cargos en el propio gobierno, y la ley entró en vigencia desde el final del año 2023.

Este contexto se reflejó en la constatación de pocos avances en la demarcación de tierras indígenas y en la continuidad de casos de invasión, daños al patrimonio indígena y conflictos relativos a derechos territoriales.

Algunas acciones de retirada de invasores fueron realizadas, pero ninguna de ellas con el aliento inicial de la fuerza creada para la situación del pueblo Yanomami, que por otro lado acabó cayendo en cierta inercia sin haber desarticulado por completo la minería. En 2023, fueron registrados 276 casos de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos naturales y diversos daños al patrimonio en al menos 202 territorios indígenas en 22 estados de Brasil.

Ocho tierras indígenas fueron homologadas en el primer año del nuevo gobierno, un número por debajo de las expectativas, aun siendo mayor que el de últimos años. Los escasos avances en las demarcaciones se vieron reflejados en la intensificación de conflictos, con diversos casos de intimidaciones, amenazas y ataques violentos contra indígenas, en especial en estados como Bahia, Mato Grosso do Sul y Paraná.

La intención del gobierno federal de explotar petróleo en la desembocadura del río Amazonas, la priorización de apoyo al agronegocio en los presupuestos y el apoyo a grandes proyectos de infraestructura y de explotación minera en conflicto con los pueblos indígenas, como la línea ferroviaria conocida como “Ferrogrão” y las iniciativas de empresas extranjeras sobre el territorio Mura, en el Amazonas, también compusieron este escenario.

La morosidad y la ausencia de una señalización clara del gobierno federal en defensa de los territorios indígenas han tenido influencia directa en el alto número de conflictos registrados, muchos de ellos con intimidaciones, amenazas y ataques violentos contra comunidades indígenas

Indígenas protegidos del sol bajo una lona, en la retomada Guarani Kaiowá en Tekoha Laranjeira Nhanderu, Rio Brilhante (MS). Marzo de 2023. Foto: Renaud Philippe/Retomada da Terra

Violencia contra el Patrimonio

El primer capítulo del informe reúne las “Violencias contra el Patrimonio” de los pueblos indígenas, con un total de 1.276 casos. Las informaciones de esta sección se organizan en tres categorías: omisión y morosidad en la regularización de tierras, en la cual fueron registrados 850 casos; conflictos relacionados a derechos territoriales, que tuvo 150 registros; e invasiones de tierras, explotación ilegal de recursos naturales y daños al patrimonio, con 276 casos.

Las categorías de conflictos territoriales y de invasiones a tierras indígenas se mantuvieron en niveles elevados, a pesar de registrar una ligera disminución en relación a años anteriores. Si, por un lado, los datos reflejan la reanudación de las operaciones de fiscalización ambiental, por otro, la mayoría de las informaciones indica la continuidad de las acciones de invasores, la desestructuración de los órganos responsables y la falta de una política permanente de protección a los territorios indígenas.

Entre los principales tipos de daños al patrimonio indígena que fueron registrados destacan, como en años anteriores, los casos de deforestación, extracción de recursos como madera, caza y pesca ilegales, minería e invasiones ilegales de tierra pública y apropiación privada de tierras indígenas.

Hubo priorización de operaciones de retirada de invasores en un conjunto pequeño de territorios, principalmente de las siete TIs contempladas por las decisiones del STF en el ámbito de la decisión del STF sobre la medida de Reclamación por Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 709. Sin embargo, incluso en estos casos, los datos e informes señalan que las acciones no lograron garantizar la retirada completa de los invasores, y que la gran mayoría de tierras indígenas contó con fiscalización solamente en acciones puntuales.

Del total de 1.381 tierras y demandas territoriales indígenas existentes en Brasil, la mayoría (62%) continúa con pendencias administrativas para su regularización, según la actualización de la base de datos del Cimi. Son actualmente 850 tierras indígenas con resoluciones pendientes. Entre ellas, 563 aún no cuentan con ninguna providencia del Estado para su demarcación.

En 2023, los mayores avances se dieron con la composición o reestructuración de Grupos Técnicos (GTs) para identificación y delimitación de tierras indígenas, bajo responsabilidad de la Funai. Es un indicador de la disposición del órgano para dar paso a la primera etapa de la regularización de demandas territoriales estancada desde hace años. No obstante, los trabajos avanzan a pasos lentos: únicamente tres informes de identificación y delimitación fueron concluidos y publicados por la Funai en 2023.

La situación imprecisa del marco temporal torna imposible una previsión acerca del cumplimiento de los plazos establecidos en los decretos, una vez que el gobierno hesita y utiliza la Ley 14.701/2023 como excusa para no avanzar en los procesos de demarcación. Tal postura se ve reflejada, además, en el hecho de que ninguna Orden Ministerial de Declaración fue publicada por el Ministerio de Justicia.

La morosidad y la ausencia de una señalización clara del gobierno federal en defensa de los territorios indígenas han tenido influencia directa en el alto número de conflictos registrados, muchos de ellos con intimidaciones, amenazas y ataques violentos contra comunidades indígenas, a ejemplo de casos registrados en Bahia, Mato Grosso do Sul y Paraná, entre otros.

Como en años anteriores, se mantuvieron con mayor número de asesinatos de indígenas los estados de Roraima (47), Mato Grosso do Sul (43) y Amazonas (36). Los datos totalizaron 208 asesinatos

Casquillos de bala recogidos por el pueblo Pataxó en retomada en la TI Barra Velha do Monte Pascoal, en Bahia, donde jóvenes fueron asesinados. Enero de 2023. Foto: Tiago Miotto/Cimi

Violencia contra la Persona

Los casos de “Violencia contra la persona”, recolectados en el segundo capítulo del informe, tuvieron un total de 411 registros en 2023. Esta sección se divide en nueve categorías, en las que se registraron los siguientes datos: abuso de poder (15 casos); amenaza de muerte (17); amenazas diversas (40); asesinatos (208); homicidio por imprudencia (17); lesiones corporales dolosas (18); racismo y discriminación étnico-cultural (38); intento de asesinato (35); y violencia sexual (23).

Como en años anteriores, se mantuvieron con mayor número de asesinatos de indígenas los estados de Roraima (47), Mato Grosso do Sul (43) y Amazonas (36). Los datos, que totalizaron 208 asesinatos, fueron recopilados a partir de la base del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) y de informaciones obtenidas junto a la Sesai por vía de la Ley de Acceso a la Información (LAI).

Se destacan los asesinatos, justo a inicios del año, de los jóvenes Pataxó Samuel Cristiano do Amor Divino, 23 años, y Nauí Pataxó, 16 años, en el sur de Bahia. Ellos vivían en una retomada de la TI Barra Velha do Monte Pascoal y fueron ejecutados en enero, cuando salieron a comprar alimentos en las proximidades.

El pueblo Pataxó lucha hace muchos años por la demarcación de sus tierras en esa región. Los conflictos siguieron sin resolución a lo largo de 2023 debido a la falta de avances en los procesos de demarcación y motivaron Medida Cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La implicación de policías militares en milicias privadas investigadas por muertes de indígenas muestra similitud a las violencias registradas contra indígenas en Mato Grosso do Sul, donde fuerzas policiales son acusadas de actuar como escoltas privadas de terratenientes, compartiendo información y dando soporte a ataques de grupos privadas contra las comunidades Guarani y Kaiowá. Además de desalojos ilegales y ataques violentos contra asentamientos indígenas, también fueron registradas detenciones arbitrarias de indígenas en esta región.

Ataques de mineros contra indígenas Yanomami, en Roraima y Amazonas, continuaron siendo registrados a lo largo de 2023, a pesar de las operaciones llevadas a cabo en el primer semestre del año en la TI Yanomami. Asesinatos, ataques armados, violencias sexuales y captación de indígenas para la minería, con fomento de conflictos internos, integraron el trágico marco de la continuidad de violencias en este territorio.

Los asesinatos de indígenas del pueblo Guajajara en Maranhão se mantuvieron en nivel alto, especialmente en la TI Arariboia, que es devastada por invasores desde hace años. También continuaron los casos de violencia armada contra indígenas de los pueblos Tembé y Turiwara, en el noreste de Pará, que están en conflicto con grandes empresas relacionadas al monocultivo y a la producción de aceite de palma.

La falta de saneamiento y de agua potable fueron agravadas por la crisis climática, que causó inundaciones en diversos lugares del país y sequía severa en la región amazónica, profundizando la vulnerabilidad de diversas comunidades

En Amambai (MS), en la retomada Guapo’y Mirin Tujury, una adolescente Guarani Kaiowá carga el agua que cogió del río, a poco más de media hora andando. Este río está localizado en el límite entre la retomada y una plantación de soja, que contamina el agua con pesticidas. Foto: Renaud Philippe/Retomada da Terra

Violencia por Omisión del Poder Público

El tercer capítulo del informe reúne los casos de “Violencia por Omisión del Poder Público”, organizado en siete categorías. Según los datos consultados junto al SIM y obtenidos junto a la Sesai, fueron registradas 1.040 óbitos de niños y niñas indígenas de entre 0 y 4 años de edad en 2023. También en este caso, los mismos estados que en años anteriores registraron el mayor número de casos: Amazonas, donde hubo 295 óbitos en ese rango de edad, Roraima, con 179 casos, y Mato Grosso do Sul, con 124.

La mayor parte de óbitos infantiles se dieron por causas consideradas evitables por medio de acciones de atención a la salud, inmunización, diagnóstico y tratamiento adecuados. Entre estas causalidades, destaca la gran cantidad de óbitos ocasionados por gripe y neumonía (141), diarrea, gastroenteritis y enfermedades infecciosas intestinales (88) y por desnutrición (57).

Informaciones obtenidas junto a estas mismas bases públicas indicaron 180 suicidios de indígenas en 2023. Los índices más altos, como en años anteriores, fueron registrados en Amazonas (66), Mato Grosso do Sul (37) y Roraima (19).

Aún en este capítulo, están registrados los siguientes datos referentes al año 2023: desasistencia general (66 casos); desasistencia en el área de educación (61); desasistencia en el área de salud (100); diseminación de bebida alcohólica y otras drogas (6); y muerte por desasistencia en salud (111), totalizando 344 casos.

Se destacan en este contexto la falta generalizada de infraestructura escolar en aldeas de todo el país y de infraestructura, personal y transporte para el atendimiento sanitario en las comunidades indígenas. La falta de saneamiento y de agua potable fueron agravadas por la crisis climática, que causó inundaciones en diversos lugares del país y sequía severa en la región amazónica, profundizando la vulnerabilidad de diversas comunidades.

Cabe resaltar que, a partir de este año, el Cimi ha pasado a contabilizar los casos de óbito por desasistencia a la salud con base en datos del SIM y de la Sesai, lo cual explica el aumento de casos registrados en comparación con años anteriores.

La nueva gestión restauró Resoluciones de Restricción de Uso de territorios que el gobierno anterior había dejado caducar. Pero, a pesar de ello, la situación se mantuvo preocupante, dado que la mayor parte de tierras indígenas con presencia de pueblos aislados que fueron invadidas en años anteriores siguió registrando invasiones en 2023

Placa de invasor en la Tierra Indígena Karipuna, donde hay indígenas aislados, dice: “por favor, no toques mi madera”. Noviembre de 2023. Foto: Maiara Dourado/Cimi

Pueblos aislados

El cuarto capítulo del informe se dedica al análisis de la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Estos pueblos, que han estado entre los más afectados por el desmantelamiento de la política de protección a las tierras indígenas en los años anteriores, han permanecido bajo grave amenaza en 2023.

La nueva gestión restauró Resoluciones de Restricción de Uso de territorios que el gobierno anterior había dejado caducar. Pero, a pesar de ello, la situación se mantuvo preocupante, dado que la mayor parte de tierras indígenas con presencia de pueblos aislados que fueron invadidas en años anteriores siguió registrando invasiones en 2023. Al menos 56 del total de 119 registros de pueblos aislados contabilizados por el Equipo de Apoyo a los Pueblos Libres (Eapil) del Cimi se encuentran en tierras indígenas que han registrado invasiones o daños patrimoniales en 2023.

A pesar de la renovación de Resoluciones de Restricción de Uso, no hubo providencias del gobierno federal para garantizar la protección de los pueblos aislados que se encuentran fuera de las tierras indígenas reconocidas actualmente, lo que corresponde a 37 de los 119 registros contabilizados por Eapil. Parte de estos registros sin providencias son reconocidos por la Funai, como es el caso de los aislados del Mamoriá Grande, en Lábrea (AM).

También en estos territorios, a pesar de determinadas acciones más robustas de enfrentamiento a los invasores, como en el caso de la TI Ituna/Itatá, en Pará, la mayoría de operaciones de fiscalización fue puntual o insuficiente para garantizar la protección de las áreas. Líderes de TIs como Vale do Javari, en Amazonas, y Karipuna, en Rondônia, continuaron denunciando la presencia constante de invasores.

III Marcha de las Mujeres Indígenas, en Brasilia (DF). Septiembre de 2023. Foto: Maiara Dourado/Cimi

La plataforma Caci, mapa digital que reúne las informaciones sobre los asesinatos de indígenas en Brasil, fue actualizada con las informaciones del Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil – datos de 2023. Caci, sigla para Cartografía de Ataques Contra Indígenas, también significa “dolor” en Guarani. Con la inclusión de los datos de 2023, la plataforma ahora pasa a incluir informaciones georreferenciadas sobre 1.470 asesinatos de indígenas, reuniendo datos recolectados desde 1985.

Accede en caci.cimi.org.br