El año de 2024 comenzó con la Ley 14.701/2023 en vigor, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada en los últimos días de diciembre de 2023. Lo que los pueblos indígenas y sus aliados esperaban era que, considerando la inconstitucionalidad flagrante de la ley y sus contradicciones con la reciente decisión de repercusión general sobre el tema por parte de la Corte Suprema, la llamada “Ley del Marco Temporal” sería rápidamente anulada por decisión de la propia Corte. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió. La nueva ley continuó en vigor durante todo el año 2024, fragilizando los derechos territoriales de los pueblos indígenas, creando un ambiente de inseguridad y fomentando conflictos y ataques contra comunidades indígenas en todas las regiones del país. Este es el contexto registrado por el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil – datos de 2024, publicación anual del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

La vigencia de esta ley fue apuntada por el Poder Ejecutivo, responsable de la demarcación de las tierras indígenas, como un obstáculo para avanzar en los procedimientos administrativos de reconocimiento y regularización de territorios indígenas. La inconstitucionalidad de dicha ley fue denunciada de forma inmediata en la Corte Suprema, pero el juez relator de las acciones judiciales decidió mantener la ley en vigor y establecer una “Comisión de Conciliación”, abriendo de nuevo una discusión que ya había sido superada por la misma Corte en septiembre de 2023.

Como consecuencia, las demarcaciones avanzaron a un ritmo muy lento y las tierras indígenas, incluso aquellas ya regularizadas, sufrieron invasiones y presión de grileiros, latifundiarios, cazadores, madereros y mineros – entre otros invasores – que se sintieron protegidos por el contexto de desmantelamiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Las cifras de asesinatos y de suicidios de indígenas se mantuvieron en niveles muy elevados, así como los casos de omisión y falta de asistencia a pueblos y comunidades.

Este contexto se agravó aún más por los impactos del cambio climático, marcado por inundaciones sin precedentes en el estado de Rio Grande do Sul y sequías prolongadas con incendios de grandes proporciones en los biomas Pantanal, Cerrado y Amazonía. Los pueblos indígenas estuvieron entre los grupos más afectados por estos sucesos trágicos. En el sur del país, las inundaciones agravaron la situación de comunidades que ya vivían en situación de vulnerabilidad y desterritorialización, en campamentos improvisados o en los márgenes de las carreteras. En las regiones Norte y Centro-Oeste, la falta de medios y de estructura por parte del Estado para la fiscalización y protección de tierras indígenas impidió la lucha contra los incendios, que acabaron con diversos territorios.

Las comunidades indígenas buscaron garantizar, a través de ocupaciones y retomadas, un espacio vital mínimo para subsistir en sus propios territorios, frente a un contexto de desesperanza en relación al avance de las demarcaciones. Como represalia, sufrieron violentos ataques

Si el año de 2023 ya terminó durante las fiestas de Navidad con ataques contra el pueblo Avá-Guarani, en la región oeste del estado de Paraná,  el inicio de 2024 estuvo marcado por un cruel acontecimiento que anunció la tónica de lo que sería el año para los pueblos indígenas en lucha por la demarcación de sus tierras. El 21 de enero de 2024 un grupo numeroso de latifundiarios armados atacó el área retomada de los pueblos Pataxó Hã-Hã-Hãe y Pataxó en Potiraguá, al sur de Bahia, con disparos y agresiones. La líder indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó Hã-Hã-Hãe, fue asesinada  por un disparo de arma de fuego en un ataque que dejó diversos indígenas heridos, tres de ellos de bala.

El pueblo Avá-Guarani de Paraná continuó siendo víctima de ataques constantes en 2024, así como los Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso do Sul, especialmente entre julio y septiembre. Las comunidades indígenas buscaron garantizar, a través de ocupaciones y retomadas, un espacio vital mínimo para subsistir en sus propios territorios, frente a un contexto de desesperanza en relación al avance de las demarcaciones. Como represalia, sufrieron violentos ataques en serie por parte de latifundiarios y pistoleros, con la complicidad – y, en muchos casos, la participación directa – de las fuerzas policiales.

Los casos recogidos en este capítulo están directamente relacionados con el debilitamiento de los derechos indígenas por causa de la Ley 14.701, como reconoció la propia Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai)

“No al Marco Temporal”: Cartel en retomada en la TI Panambai – Lagoa Rica, en Douradina (MS), que estuvo sobre ataque continuo en 2024. Foto: Gabriel Schlickmann

Violencia contra el Patrimonio

Las “Violencias contra el Patrimonio” de los pueblos indígenas son abordadas en el primer capítulo del informe, donde se registra un total de 1.241 casos en 2024. Esta sección está organizada en tres categorías: omisión y lentitud en la regularización de las tierras, con una lista de todas las tierras  indígenas que tienen aún algún tipo de trámite pendiente, o que están sin ninguna providencia administrativa para su regularización, un total de 857 territorios; conflictos relacionados con derechos territoriales, con 154 registros en 114 tierras indígenas  en 19 estados; e invasiones, explotación ilegal de bienes naturales o daños diversos al patrimonio, con 230 casos, que afectaron a 159 tierras indígenas en 21 estados de Brasil.

Los casos recogidos en este capítulo están directamente relacionados con el debilitamiento de los derechos indígenas por causa de la Ley 14.701, como reconoció la propia Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). La Funai, preguntada sobre el efecto de la ley a través de consulta realizada vía Ley de Acceso a la Información (LAI), admitió que esta afecta potencialmente “a todas las tierras indígenas que se encuentran en fase administrativa anterior a la regularización”.

La tesis del marco temporal, contemplada en la Ley 14.701, limita la posibilidad de demarcación exclusivamente para aquellas tierras que estuviesen ocupadas por los indígenas el día 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución Federal. El mayor y fundamental impacto de la ley es que los pueblos que habían sido expulsados y despojados de sus territorios en esa fecha no podrán recuperarlos.

Además de aplicar esta tesis, la ley también contempla alteraciones significativas en los procedimientos administrativos de reconocimiento territorial. Algunas de esas alteraciones son muy difíciles de cumplir y ocasionan, según la propia Funai, un “aumento de la demora en los procesos de demarcación de tierras indígenas”. Otras alteraciones “pecan por falta de claridad y por caer en contradicciones” y llegan a ser “inaplicables”.

Por tanto, podemos afirmar que los impactos de esta ley alcanzan a las 857 tierras indígenas con requisitos administrativos pendientes para su regularización, entre las cuales están 555 tierras sobre las que no fue adoptada hasta ahora ninguna providencia ni siquiera para el inicio de su demarcación. Los tímidos avances en 2024 – cinco tierras homologadas por el presidente de la República, once decretos de declaración firmados por el ministro de la Justicia o la creación por la Funai de dieciséis Grupos Técnicos (GTs) para identificación y delimitación de tierras indígenas – fueron insuficientes para revertir esta situación. Aunque el gobierno actual presente mejores cifras que el anterior, lo cierto es que hasta ahora el tercer mandato del presidente Lula tuvo peores resultados que sus dos primeros gobiernos, entre 2003 y 2010.

Un hecho que nos confirma la relación entre la violencia y la falta de regularización de las tierras indígenas es que cerca de dos tercios (78) de las tierras indígenas que sufrieron conflictos relativos a derechos territoriales en 2024 no estaban regularizadas. Esas tierras concentraron 101 de los 154 casos registrados por el Cimi en esta categoría en 2024.

En el caso de las invasiones, daños al patrimonio y explotación ilegal de bienes naturales, la mayor parte de los casos (61%) impactó en tierras indígenas regularizadas (85), reservadas (10) o de dominio (2). Al menos 48 tierras indígenas registraron casos relacionados con incendios en 2024 y muchas de ellas tuvieron áreas enormes consumidas por el fuego.

Las operaciones de retirada de ocupantes ilegales realizadas en algunas tierras indígenas por el gobierno marcaron un importante contraste entre el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el de su antecesor, Jair Bolsonaro, cuya actitud permisiva y su discurso anti-indígena incentivaron las invasiones a los territorios. Aun así, los datos y los relatos escuchados indican que, incluso aquellas áreas que recibieron una atención prioritaria por parte del gobierno federal, aún no están totalmente libres de invasores – como son los casos de las Tierras Indígenas (TIs) Apyterewa, en Pará, Karipuna, en Rondônia o Yanomami, en Amazonas y Roraima, entre otras.

En Mato Grosso, la TI Sararé, del pueblo Nambikwara, registró un aumento sin precedentes de la devastación provocada por la minería ilegal. La presencia de garimpeiros ya venía siendo denunciada por los indígenas desde 2017, pero disparó en 2024. En Maranhão se registró la presión del agronegocio, de los madereros y de los grileiros en un gran número de territorios, muchos de ellos ya demarcados.

Se registraron más de 30 ataques contra comunidades indígenas en el país y al menos diez personas están aún con proyectiles de bala dentro de sus cuerpos: nueve Avá Guarani y un Guarani Kaiowá, que tiene la bala alojada en la cabeza

Campamento Tierra Libre 2024, en Brasília (DF): pueblo Pataxó recuerda a la líder Nega Pataxó Hã-Hã-Hãe, asesinada en enero de 2024 por latifundiarios. Foto: Tiago Miotto/Cimi

Violencia contra la Persona

El segundo capítulo del Informe reúne los casos de “Violencia contra la Persona”, totalizando 424 registros en 2024. Las nueve categorías en que está organizada esta sección registraron las siguientes informaciones: abuso de poder (19 casos), amenazas de muerte (20), amenazas diversas (35), asesinatos (211), homicidio involuntario (20), lesiones corporales (29), racismo y discriminación étnico-cultural (39), intento de asesinato (31) y violencia sexual (20).

Los tres estados que presentan los mayores números de asesinatos se han mantenido constantes en los últimos años. En 2024, Roraima (57), Amazonas (45) y Mato Grosso do Sul (33) registraron los números más altos, destacando también el estado de Bahía, donde 23 indígenas fueron asesinados.

Los datos, que arrojan um total de 211 asesinatos, fueron sistematizados a partir de consultas en bases del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) y de secretarías estatales de salud, además de las informaciones obtenidas de la Secretaría Especial de Atención a la Salud Indígena (Sesai).

Los ataques armados contra comunidades indígenas en lucha por la demarcación fueron muy graves y numerosos y tuvieron impacto en diferentes categorías de esta sección. Los asesinatos de Nega Pataxó Hã-Hã-Hãe y de Neri Ramos da Silva, muerto durante una operación policial contra una retomada Guarani y Kaiowá en la TI Ñande Ru Marangatu, destacan por la crueldad y por la participación de la Policía Militar.

Aparte del terror, de las amenazas y de las lesiones provocadas por agresiones físicas y por disparos en los diversos ataques que afectaron comunidades como las de TI Tekoha Guasu Guavirá, en Paraná, o Panambi-Lagoa Rica, en Mato Grosso do Sul, muchos indígenas relataron también casos de discriminación y prejuicios cuando buscaron atención médica en hospitales, confirmando un contexto de racismo y deshumanización.

Se registraron más de 30 ataques contra comunidades indígenas en el país y al menos diez personas están aún con proyectiles de bala dentro de sus cuerpos: nueve Avá Guarani y un Guarani Kaiowá, que tiene la bala alojada en la cabeza.

La falta de acceso a la tierra también es responsable de  cuestiones relacionadas con la salud. Lo mismo sucede con la contaminación de cursos de agua por el uso de mercurio en minas ilegales o por el empleo de agrotóxicos

Campamento Tierra Libre 2024, en Brasília (DF). Foto: Hellen Loures/Cimi

Violencia por Omisión del Poder Público

Las “Violencias por Omisión del Poder Público”, organizadas en siete categorías, son abordadas en el tercer capítulo del informe. Según los datos conseguidos en el sistema SIM, en secretarías estatales o en la Sesai, fueron registrados 208 suicidios de indígenas en 2024. Como en el año anterior, Amazonas (75), Mato Grosso do Sul (42) y Roraima (26) presentan los números más altos, concentrados mayoritariamente, en el país entero, entre indígenas de hasta 19 años (32%) y entre 20 y 29 años (37%).

Las mismas fuentes registraron también 922 muertes de niños indígenas de 0 a 4 años en 2024, con los mayores índices en los estados de Amazonas (274), Roraima (139) y Mato Grosso (127). Una vez más, las causas responsables de la mayor parte de las muertes de niños indígenas menores de cuatro años de edad son causas consideradas evitables, destacando gripe y neumonia (103), diarrea, gastroenteritis y enfermedades infecciosas intestinales (64) o desnutrición (43). Medidas adecuadas de atención médica, inmunización, diagnóstico y tratamiento podrían evitar o disminuir considerablemente el desenlace fatal de estos casos.

También fueron registradas en esta sección otras situaciones de omisión como: falta de asistencia general (47 casos), falta de asistencia en educación (87), falta de asistencia en el campo de la salud (83), propagación de la bebida alcohólica y otras drogas (10) y muerte por falta de asistencia en salud (84). En total, 311 casos por omisión del Poder Público.

Muchas de las situaciones narradas en este capítulo son recurrentes y están relacionadas con la falta generalizada, en aldeas de todo el país, de una mínima infraestructura escolar o de salud, así como la ausencia de saneamiento básico y de agua potable. Las inundaciones y la acumulación de agua de la lluvia en Rio Grande do Sul, o la sequía en el norte del país, agravaron estas circunstancias y ocasionaron, en algunos casos, una situación de vulnerabilidad severa en comunidades enteras.

La falta de acceso a la tierra también es responsable de  cuestiones relacionadas con la salud. Lo mismo sucede con la contaminación de cursos de agua por el uso de mercurio en minas ilegales o por el empleo de agrotóxicos, que crece en proporción a la expansión de monocultivos por todo el país.

En 2024 también destacan los diversos casos de falta de asistencia a indígenas del pueblo Warao. En muchas ciudades del país los indígenas Warao, procedentes de Venezuela, fueron confinados en centros de acogida sin las mínimas condiciones de dignidad. Casos de este tipo fueron registrados en los estados de Bahía, Mato Grosso, Pará, Paraíba y Roraima.

Al menos 22 tierras indígenas, en las que existen 48 registros de indígenas aislados, tuvieron casos de invasiones, explotación ilegal de bienes y daños al patrimonio en 2024

En 2024, invasión de garimpeiros estalló en la TI Sararé, em Mato Grosso, del Pueblo Nambikwara. Foto: Fábio Bispo/Greenpeace

Pueblos en aislamiento voluntario

La situación y las amenazas que existen sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son abordadas en el cuarto capítulo del informe. Los principales riesgos para la vida de estos pueblos están en las invasiones y en la falta de protección de sus territorios, que aún no son reconocidos por el Estado. Según el Equipo de Apoyo a los Pueblos Libres (Eapil) del Cimi, existen 119 registros de grupos en situación de aislamiento voluntario en la Amazonia brasileña.

Del total de estos grupos, 37 registros están en áreas que permanecen sin ninguna providencia administrativa por parte de la Funai para su demarcación o protección. En diciembre de 2024, la Funai publicó un Decreto de Restricción de Uso (medida de prevención utilizada por el Estado brasileño para impedir, por un plazo de tiempo corto, la entrada de terceros en territorios donde se reconoce la existencia de grupos aislados) con el objeto de garantizar la protección del territorio de los pueblos aislados del Rio Mamoriá, en los municipios de Lábrea y Tapauá, en Amazonas. Sin embargo, en el mismo estado de Amazonas, los pueblos aislados del Rio Caribi, en el municipio de Itapiranga, continúan sin ninguna protección a pesar de la vasta documentación y de relatos que confirman la presencia de estos grupos en una región presionada por la extracción de madera y de gas natural.

Los indígenas en aislamiento voluntario que viven en territorios con algún tipo de reconocimiento estatal también estuvieron bajo amenaza en 2024. Al menos 22 tierras indígenas, en las que existen 48 registros de indígenas aislados, tuvieron casos de invasiones, explotación ilegal de bienes y daños al patrimonio en 2024.

Campamento Tierra Libre 2024, en Brasília (DF). Foto: Hellen Loures/Cimi

La plataforma Caci, mapa digital que reúne informaciones sobre asesinatos de indígenas en Brasil, fue actualizada con los datos del informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil – datos de 2024. La palabra Caci, cuya sigla significa Cartografía de Ataques Contra Indígenas, también significa “dolor” en Guaraní. Con la inclusión de los datos de 2024, la plataforma pasa ahora a contemplar informaciones georreferenciadas sobre 1.525 asesinatos de indígenas, reuniendo así datos sistematizados desde 1985.

Acceso en caci.cimi.org.br