El año 2021 fue marcado por la profundización y la intensificación dramática de las violencias e las violaciones contra los pueblos indígenas en Brasil. El aumento de las invasiones y de los ataques contra comunidades y líderes indígenas, así como el agravamiento de los conflictos, reflejan en los territorios el ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los pueblos originarios. Es lo que apunta el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil – datos de 2021, publicación anual del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

En su tercer año de gobierno, el ejecutivo de Jair Bolsonaro mantuvo como directriz la paralización de todas las demarcaciones de tierras indígenas y la omisión absoluta con relación a la protección de las tierras ya demarcadas. Si desde el punto de vista de la política indigenista oficial esa postura representó continuidad con relación a los dos años anteriores, desde el punto de vista de los pueblos significó la profundización de una situación que ya era violenta y estremecedora.

La consecuencia de esta posición del Gobierno ha sido el aumento, por sexto año consecutivo, de los casos de “invasiones de tierra, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio”. En 2021, el Cimi registró 305 casos en esta categoría, que afectaron por lo menos a 226 tierras indígenas (TIs) en 22 estados del país.

En 2020, los datos eran de 263 casos de invasión afectando a 201 tierras en 19 estados. Por otro lado, la cantidad de casos en 2021 es casi tres veces superior a la registrada en 2018, cuando fueron contabilizados 109 casos.

El Informe registra aumento en 15 de las 19 categorías de violencia sistematizadas por la publicación con relación al año anterior y una enorme cantidad de vidas indígenas interrumpidas

Además del aumento cuantitativo de los casos y de las tierras afectadas por la acción ilegal de mineros, madereros, cazadores, pescadores e invasores de tierras públicas, estos grupos intensificaron su presencia y la agresividad dentro de los territorios indígenas. Esta situación quedó explícita en casos como el de los pueblos Munduruku no Pará, y Yanomami, en Roraima y Amazonas.

Los ataques violentos, con armamento pesado, fueron denunciados de forma permanente por los indígenas e ignorados por el gobierno federal, que continuó incentivando la minería en estos territorios. La minería ilegal sirvió, además, como vector de enfermedades como la Covid-19 y la malaria entre los Yanomami.

En el estado de Pará, mineros que actúan ilegalmente dentro de la TI Munduruku atacaron la sede de la asociación de mujeres indígenas, intentaron impedir el desplazamiento de líderes comunitarios para manifestaciones en Brasilia y amenazaron de muerte y llegaron a quemar la casa de una de las líderes como represalia a su posición contra la minería en el territorio. Eso sucedía mientras la TI Munduruku continuaba siendo devastada, con ríos y arroyos destruidos por la maquinaria pesada utilizada para la extracción ilegal de oro.

El Informe registra aumento en 15 de las 19 categorías de violencia sistematizadas por la publicación con relación al año anterior y una enorme cantidad de vidas indígenas interrumpidas. Fueron registrados 176 asesinatos de indígenas – solamente seis menos que en 2020, que registró el mayor número de homicidios desde que el Cimi pasó a contabilizar esta información con base en fuentes públicas, en 2014. El número de suicidios de indígenas en 2021, 148, fue el mayor ya registrado en esa misma serie histórica.

El contexto general de ataques a los territorios, líderes y comunidades indígenas está relacionado con una serie de medidas del Poder Ejecutivo que facilitaron la explotación y apropiación privada de tierras indígenas y con la actuación del propio gobierno y de su base aliada en el Legislativo para aprobar leyes que permitieran desmontar la protección constitucional a los pueblos indígenas y a sus territorios.

Es el caso de medidas como la Instrucción Normativa nº 9, publicada por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en 2020, que permitió la regularización de propriedades privadas dentro de tierras indígenas no homologadas; o la Instrucción Normativa Conjunta de la Funai y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) que permitió en 2021 la explotación económica de tierras indígenas por asociaciones y organizaciones de “composición  mixta” entre indígenas y no indígenas.

En ese mismo sentido se encuentran propuestas legislativas como el Proyecto de Ley (PL) 490/2007, que imposibilita nuevas demarcaciones y abre las tierras ya demarcadas a posibilidades de explotación económicas por terceros, o el PL 191/2020, de autoría del propio gobierno federal, que pretende regularizar la minería dentro de las tierras indígenas.

Este conjunto de medidas promovió en los invasores un clima de confianza para ampliar sus acciones ilegales dentro de las tierras indígenas. En las minas, por ejemplo, hubo gran inversión privada en ampliar las condiciones de infraestructura. Por otro lado, los invasores aumentaron la deforestación para abrir áreas de pasto o de grandes plantaciones, mientras que cazadores, pescadores y madereros intensificaron sus incursiones en los territorios.

Las iniciativas para aprobación de estos proyectos, el contexto de ofensiva contra sus derechos y el agravamiento de la situación en los territorios motivaron fuertes movilizaciones de los pueblos indígenas en todo el país, con dos grandes campamentos nacionales acontecidos en Brasilia durante 2021.

A pesar de las acciones del Ministerio Público Federal (MPF), 2021 fue el tercer año en que el presidente de la República cumplió su promesa de no demarcar ninguna tierra indígena

Milhares de garimpeiros atuam ilegalmente na TI Yanomami, sob o olhar conivente do Estado. Registro da devastação feito em abril de 2021. Foto: Christian Braga/Greenpeace

Violencia contra el patrimonio

El primer capítulo del Informe reúne los casos de “Violencia contra el Patrimonio” de los pueblos indígenas divididos en tres categorías. En este capítulo fueron registrados los siguientes datos: omisión y demora en la regularización de las tierras (871 casos); conflictos relacionados a derechos territoriales (118 casos); e invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio (305 casos). Por tanto, los registros suman una cantidad de 1.294 casos de violencia contra el patrimonio de los pueblos indígenas en 2021.

A pesar de las acciones del Ministerio Público Federal (MPF), 2021 fue el tercer año en que el presidente de la República cumplió su promesa de no demarcar ninguna tierra indígena. Una actualización de la Base de datos sobre Tierras y de las demandas territoriales indígenas del Cimi identificó que, de las 1.393 tierras indígenas en Brasil, 871 (62%) continúan aún con procedimientos pendientes para su regularización. De estas, 548 son áreas reivindicadas por los pueblos indígenas en las que no hubo ninguna medida del Estado para iniciar el procedimiento administrativo de demarcación.

También se destacan en esta categoría el incendio provocado de Casas de Reza, espacios centrales para la espiritualidad de diversas comunidades indígenas. Fueron registrados cuatro casos en Mato Grosso do Sul, contra los pueblos Guarani y Kaiowá, y uno en Rio Grande do Sul, contra el pueblo Guarani Mbya.

Entre los casos de conflicto por derechos territoriales también destacan aquellos provocados por la sobreposición de Registros Ambientales Rurales (CAR) y de certificaciones de propiedades privadas encima de tierras indígenas. En algunos casos, como los de la TI Uru-Eu-Wau-Wau en Rondônia o la TI Barra Velha en Bahia, hubo intentos de venda de “lotes” dentro de tierras indígenas a través de las redes sociales.

El Informe también reúne casos de asesinatos de jóvenes y niños indígenas practicados con extrema crueldad y brutalidad

II Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, em setembro de 2021, em Brasília (DF). Foto: Verônica Holanda/Cimi

Violencia contra la persona

Con relación a los casos de “Violencia contra la Persona”, sistematizados en el segundo capítulo, fueron registrados los siguientes datos: abuso de poder (33); amenaza de muerte (19); amenazas diversas (39); asesinatos (176); homicidio culposo (20); lesiones corporales intencionadas (21); racismo y discriminación étnico-cultural (21); intento de asesinato (12); y violencia sexual (14).

Los registros suman 355 casos de violencia contra personas indígenas en 2021, lo que significa el mayor número desde 2013, cuando el método de registro de los datos fue modificado. En 2020 habían sido catalogados 304 casos de este tipo.

Los estados que registraron mayor número de asesinatos de indígenas en 2021, según datos del Sistema de Informaciones sobre Mortalidad (SIM) y de secretarias estaduales de salud, fueron Amazonas (38), Mato Grosso do Sul (35) y Roraima (32). Los tres estados también registraron el mayor número de asesinatos em 2020 y en 2019.

Entre los casos más destacados en este contexto están los dos asesinatos de indígenas del pueblo Tembé, en la TI Alto Rio Guamá, en el estado de Pará. Isac Tembé, profesor de 24 años, fue asesinado por policías militares cuando cazaba en compañía de otros jóvenes de su pueblo en un área próxima del territorio. Semanas después, Benedito Cordeiro de Carvalho, conocido como Didi Tembé, también fue asesinado a tiros em circunstancias aún no esclarecidas.

El Informe también reúne casos de asesinatos de jóvenes y niños indígenas practicados con extrema crueldad y brutalidad. Causaron conmoción en 2021 los asesinatos de Raíssa Cabreira Guarani Kaiowá, de apenas 11 años de edad, y Daiane Griá Sales, del pueblo Kaingang, con 14 años. Ambas fueron violadas y asesinadas.

Una gran parte de las incidencias de omisión y falta de asistencia están relacionadas al contexto de la pandemia, especialmente con respecto a la falta de atención sanitaria y de equipos de profesionales de salud, así como falta de acceso a agua y saneamiento básico

Acampamento Luta pela Vida, agosto de 2021, Brasília (DF). Foto: Marina Oliveira/Cimi

Violencia por omisión del poder público

Los casos de “Violencia por omisión del poder público”, recogidos en el tercer capítulo del Informe, tuvieron también un aumento general en casi todas las categorías con relación a 2020, salvo en los casos de “falta de asistencia general” y de mortalidad infantil.

Con base en la Ley de Acceso a la Información (LAI), el Cimi consiguió informaciones parciales de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) sobre muertes de niños de 0 a 5 años. Los datos, que fueron sistematizados por la Sesai en enero de 2022 y probablemente están desfasados, registran la incidencia de 744 casos de muertes de niños indígenas de 0 a 5 años de edad en 2021.

Los estados con mayor número de muertes en esta franja etaria fueron Amazonas (178), Roraima (149) y Mato Grosso (106). A pesar del probable desfase de los datos relativos a 2021, la cantidad de muertes de niños solo fue mayor, dentro de la última década, los años 2014 (785), 2019 (825) y 2020 (776).

Datos del SIM y de las secretarias estaduales de salud recogen la incidencia de 148 suicidios de indígenas en 2021. Los estados con mayor número de casos fueron Amazonas (51), Mato Grosso do Sul (35) y Roraima (13).

En este capítulo fueron también registrados los siguientes datos: falta de asistencia general (34 casos); falta de asistencia en el campo de la educación escolar indígena (28); falta de asistencia en el área de salud (107); diseminación de bebida alcohólica y otras drogas (13); y muerte por falta de asistencia en salud (39). El cómputo global es de 221 casos; en 2020, los registros en estas categorías habían totalizado 177 casos.

Una gran parte de las incidencias de omisión y falta de asistencia están relacionadas al contexto de la pandemia, especialmente con respecto a la falta de atención sanitaria y de equipos de profesionales de salud, así como falta de acceso a agua y saneamiento básico. Esta situación se vio agravada por las acciones de desinformación sobre las vacunas contra la Covid-19 que acontecieron en diversas regiones.

Muchos pueblos, principalmente en contextos urbanos, relataron casos de negación de acceso a la vacuna, a pesar de la determinación del Supremo Tribunal Federal (STF) de que todos los indígenas deberían ser incluidos en el grupo de inmunización preferencial, independientemente del local de residencia.

Muertes por Covid-19

A pesar del inicio de la vacunación, datos del SIM analizados por el Cimi registran 847 muertes de indígenas por causa del coronavirus en 2021. El número es mayor que el doble de los registrado por la Sesai, que identificó la incidencia de 315 muertes por este motivo en ese mismo período.

El SIM unifica los datos sobre muertes de indígenas ocurridas en todo Brasil, mientras que la Sesai alcanza solamente a la población indígena atendida por el Subsistema de Atención a la Salud Indígena, estimada em 775.000 personas.

Los datos de mayor alcance demográfico dan señales de la posible subnotificación de casos y del número amplio de indígenas que enfrentaron la pandemia y murieron sin asistencia y siendo invisibles en ciudades, campamentos y retomadas.

Invasão possessória na TI Piripkura, onde vivem indígenas em isolamento voluntário, registrada em julho de 2021. Foto: Christian Braga/Greenpeace

Pueblos aislados

La situación de los pueblos en aislamiento voluntario también alcanzó una profunda gravedad con la práctica adoptada por el gobierno Bolsonaro de renovar las Órdenes de Restricción de Uso a áreas con presencia de estos grupos por períodos de apenas seis meses o incluso no renovarlas, como en el caso de la TI Jacareúba-Katawixi que está sin ninguna protección desde diciembre de 2021.

Las invasiones afectaron por lo menos 28 TIs donde hay presencia de pueblos indígenas aislados, colocando en riesgo la propia supervivencia de estos grupos. En estas áreas se encuentran 53 de los 117 registros de pueblos aislados identificados por el Equipo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Libres (EAPIL) del Cimi, que analiza esta situación en el cuarto capítulo del Informe.

Texto traducido del portugués por Luis Ventura Fernández